Balears dará la batalla a partir de septiembre por una distribución del 0,7% del IRPF social más equitativa. El archipiélago se queda con menos de la mitad de lo que recauda, por lo que la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación que dirige Fina Santiago buscará después del verano un frente común con otras autonomías para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a que aplique una fórmula de reparto más solidaria.
Los ciudadanos de Balears que en la declaración de la renta de 2016 marcaron la casilla de "fines sociales" aportaron al Estado 8.184.314 millones de euros, pero la comunidad solo se quedó con 3.024.000 euros. A largo plazo el Govern aspira a retener y gestionar la totalidad de lo recaudado, una reivindicación en la que de momento solo le acompaña Catalunya, pero por ahora aceptaría un acuerdo que le acercara a esa pretensión.
La cifra que Santiago pondrá sobre la mesa de la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón, asciende a 4.721.000 euros. Es el resultado de una fórmula que tiene en cuenta la población y el AROPE, un indicador que mide el nivel de pobreza en un territorio.
El Gobierno de Sánchez ya ha reconocido que Balears está mal financiada y ha dado un paso elevando la asignación hasta los 3.682.000 euros este año. La cantidad no satisface al Govern porque sitúa el gasto por habitante en 3,29 euros, muy lejos de los 4,27 euros de media, pero lo considera un avance porque va acompañado por el compromiso de una negociación por parte de Moncloa.
El departamento que dirige Santiago considera que el Estado tiene margen para mejorar la asignación a Balears al quedarse con un 20% que puede redistribuir entre las comunidades más perjudicadas en el reparto.
Esta reivindicación es muy reciente porque hasta hace poco ninguna comunidad sabía qué recaudaba del 0,7% del IRPF social y en qué criterios se basaba el reparto. De hecho históricamente Balears ha recaudado esos 3.024.000 euros, independientemente de la cantidad que recaudara.
Las diferencias entre comunidades son notorias. Mientras a un mallorquín le toca 3,29 euros de media, un extremeño recibe 6,22, un aragonés 6,78 y un castellano-leonés 8,28. Uno de los factores que tiene en cuenta el Estado para el reparto es el PIB, que en este y en otros casos perjudica a Balears porque la trata como a una comunidad rica.
Cada comunidad distribuye su parte del pastel entre las entidades sociales de su territorio. Pero en la conselleria de Servicios Sociales lamentan que con este modelo de distribución un mallorquín puede estar financiando el Proyecto Hombre de Andalucía y no el de las islas, por ejemplo.
En Balears fueron menos los ciudadanos que marcaron la casilla de la Iglesia católica, que en 2016 ingresó 5.452.309 euros.
