"Ni un monumento de parte como es el Valle de los Caídos o la existencia de una Fundación Adolfo Hitler serían posibles en Alemania, por poner un ejemplo". Quien así se pronuncia es el socialista Francesc Antich, senador autonómico por Balears, quien en los dos últimos años ha centrado parte de sus esfuerzos en la Cámara Alta en impulsar medidas para acabar con todo aquello que, aún hoy, supone un ensalzamiento del franquismo y la dictadura. En este camino ha encontrado como respuestas desde la clásica acusación de pretender reabrir heridas a la del propio exministro de Justicia, el popular Rafael Català, quien el pasado mes de abril achacó a Antich la intención de plantear una "checa nacional de la historia" con la reforma de la Ley de la Memoria Histórica planteada por el PSOE, que incluía la creación de una comisión de la verdad, siguiendo las recomendaciones de la ONU.
Tampoco ha escapado de las críticas de la Fundación Nacional Francisco Franco por su moción, tumbada el pasado mes de abril por el PP en el Senado, para que la Abogacía del Estado realizara un informe sobre su legalidad. "Exalta la dictadura franquista, defiende la vulneración de derechos humanos y es contraria a la Ley de Memoria Histórica", resume Antich. El presidente de la Fundación, Juan Chicharro Ortega, le dedicó una carta en la que defendía que esta entidad se acogía a la Constitución y le acusaba de sectario.
"Lea, lea", recomendaba Chicharro al senador socialista. Su misiva acababa afirmando que su Fundación tiene como fines "la dedicación al estudio y conocimiento de una época de España en la que la justicia social era el norte de sus gobernantes", entre otras alabanzas. "Tal vez el anhelo de su ilegalización se deba al autorreconocimiento de su incompetencia y manifiesta incapacidad para dar a nuestro pueblo la prosperidad que aquel Régimen le proporcionó", concluía el escrito de Chicharro.
Antich ve con preocupación cómo ha aumentado en los últimos años la seguridad en sí mismos de los nostálgicos del franquismo, en un contexto político mundial en el que el avance de postulados de ultraderecha se ve con claridad en ascensos como el de Donald Trump en EEUU o en las triunfantes tesis de Matteo Salvini en Italia. Hace pocos días se hizo público un manifiesto en defensa de Franco firmado por 181 militares retirados, quienes consideran que "su figura ha sido vilipendiada hasta el extremo" y califican de "perversa pretensión" las intenciones de la izquierda de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos, que es "todo un símbolo de la reconciliación". Entre sus firmantes, el exteniente general Juan Enrique Aparicio, exasesor del Jefe del Estado Mayor con el Gobierno del PP. España es el país con mayor número de desaparecidos que están en fosas comunes, solo superada por Camboya.
Antich admite que "hay que hacer autocrítica" porque en algunas ocasiones los socialistas también han"mirado hacia otro lado", pero recuerda que fue el PSOE el que impulsó la Ley de Memoria Histórica en 2007 y da por hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez sacará adelante el paquete de medidas en esta materia.
En enero del pasado año el PP rechazaba en el senado una moción de Antich en la que pedía dotar con 6.300.000 euros una partida presupuestaria para poder seguir aplicando la Ley de Memoria Histórica, sin presupuesto desde 2012, cuando el PP recortó su dotación a 2,5 millones que nunca se gastaron con el argumento de la crisis. "Que el Estado niegue las ayudas para dar un entierro digno a las víctimas no es precisamente un mensaje de reconciliación", incide Antich. A partir de ahí, sus iniciativas en esta materia encontraron, con distintos argumentos, el sistemático rechazo de los populares en el Senado, en donde el PP cuenta con mayoría.
En este tiempo, sólo ha cosechado un triunfo, cuando el pasado mes de marzo lograba que por primera vez la Cámara Alta aprobara por unanimidad una moción sobre la viabilidad de las exhumaciones en el Valle de los Caídos, que salió adelante gracias a una enmienda que negoció con el PP. En la moción, se instaba al Gobierno a facilitar las exhumaciones requeridas por familiares de enterrados en la basílica. La iniciativa del senador socialista partió del caso de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, cuyos restos autorizó un juzgado a retirar del mausoleo, pero se paralizó por un recurso de los benedictinos, que alegaban el riesgo que podría suponer para la integridad del lugar.
Antich está convencido de que esta cuestión dará un importante giro con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha colocado a Fernando Martínez al frente de la nueva dirección general de Memoria Histórica y contratado como asesor al abogado Eduardo Ranz. No confía en que el PP de Pablo Casado cambie de postura, al contrario, pero en el Congreso el PSOE no tendrá problemas para lograr un respaldo mayoritario de la Cámara. "Por de pronto ya se ha levantado el veto del Gobierno, apoyado por PP y Ciudadanos, a la proposición para reformar la Ley sobre Memoria Histórica", concluye el senador.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el viernes en Moncloa que la exhumación de los restos del dictador era "inminente".
