¡Vivan las estadísticas! La contenida en el estudio del Ministerio de Agricultura (etc.) que lleva por nombre Consumo Alimentario en España 2017 dice que los isleños mediterráneos somos los que más comemos de todo el reino: hasta 75 kilos y pico sobre la media anual. Con el añadido inquietante de que no somos los que más gastamos en comida y bebida; catalanes, asturianos y vascos nos ganan por goleada. Algo que cualquiera que esté al tanto de los usos gastronómicos regionales podía haber adivinado sin necesidad de consultar las cifras del estudio. Pero lo que se saca como conclusión del cruce de cantidad y precio del consumo es la convicción de que nos alimentamos, en términos relativos, de porquerías. Cuando leí tales datos suspiré pensando qué bueno, con la cantidad de turistas que llegan al archipiélago, la culpa queda diluida. Incluso cabe sospechar que el estudio de marras no los haya tenido en cuenta. Pero ese clavo ardiendo se melló de inmediato al comprobar que a los efectos del cómputo no se tiene en cuenta la población que se aloja en los establecimientos turísticos, es decir, hoteles y así.
Vivan las estadísticas, decía al principio. Y vivan quienes las elaboran. Porque el reportaje que publica hoy este diario deja claro que los autores del estudio han tocado de oído en un punto importante. Se descuentan del total los turistas alojados en los hoteles pero no los que se albergan en casas particulares, es decir, el número nada despreciable de quienes aprovechan la oferta ilegal. Esos van a los supermercados, compran, comen y beben siendo tomados a todos los efectos como ciudadanos locales. No es raro que se nos tenga por unos tragones impenitentes, habida cuenta de ese agujero negro sin contabilizar.
Pero hay más. Cuando un turista compra un montón de botellas y el equivalente en comida basura en un supermercado ¿Cómo demonios se sabe si se trata de un visitante digamos normal o de uno irregular? Como es obvio que nadie lo controla, lo más probable es que las cifras de consumo per cápita se calculen dividiendo las compras brutas por el número de residentes más turistas de hotel o apartamento legal. Pero para sacar las conclusiones que saca el ministerio habría que suponer que lo que compran unos y otros en cualquiera de las tiendas que abundan en estas islas es equivalente en cantidad y calidad. Ni que decir tiene que esa hipótesis resulta absurda; cualquiera que se haya paseado por los enclaves turísticos sabe lo que dura una botella de alcohol en el anaquel y una hamburguesa en la barra. Igual los autores del estudio han introducido factores de corrección pero, si es así, habría que saber cuáles y cómo se han calculado.
Resumiendo, el sentido común de todos nosotros sostiene, como decía antes, que en el País Vasco y en Cataluña los precios de la comida y la bebida son más elevados que aquí, en Balears. No nos hacía falta estudio ministerial alguno para saberlo. Más allá, cuando se dejan de lado las verdades de Pero Grullo y se entra en estimaciones de mayor calibre, hay para dudar respecto de lo que se concluye acerca del consumo alimentario en nuestro país a lo largo de 2017. Y, ya que estamos, también conviene poner en cuarentena las demás estadísticas oficiales, incluyendo las del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la intención de voto, por ejemplo. No lo digo por nada.
