El registro del Parlament quedó colapsado el pasado lunes ante la avalancha de alegaciones y enmiendas a la polémica Ley Agraria impulsada por el Govern. Más de 252 alegaciones presentadas por hasta nueve entidades y 354 enmiendas registradas por todos los grupos políticos del Parlament hacen que la Ley Agraria que ha puesto en marcha la conselleria de Medio Ambiente, que dirige Vicenç Vidal, tenga pocas posibilidades de salir adelante con su actual redactado.

Entre las entidades que han presentado alegaciones destacan las organizaciones agrarias Asaja, Unió de Pagesos y UPA; la Federación Hotelera de Mallorca, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Consell de Formentera, Consell de Menorca y el Colegio de Ingenieros Forestales.

Por lo que respecta a los grupos políticos, el pasado lunes ya se anunció que tanto el PP como El Pi presentarían una emienda a la totalidad para cambiar de arriba abajo la norma. Ciudadanos se sumó ayer con otra enmienda a la totalidad. Por su parte, los grupos de la izquierda que apoyan al Govern también han presentado una batería de enmiendas a los diferentes artículos. Incluso Més per Mallorca, partido al que pertenece Vidal, quiere cambiar cosas de la norma de su conseller.

La polémica de las agroestancias y las restricciones en la construcción para las infraestructuras agrarias centran el grueso de las alegaciones. De igual modo, la reducción de metros cuadrados de comercio para las explotaciones agrarias es otro de los motivos de crítica. Incluso Podemos considera insuficiente que solo se deje tener una tienda de 75 metros cuadrados y propone 150.

Tanto el PP como El Pi, así como Ciudadanos, centran sus enmiendas a la totalidad a la "prohibición sistemática" que propone la ley, afectando de forma especial a la actividad de la agricultura y ganadería profesional.

En este sentido, desde Asaja confían en que la norma no salga adelante tal y como ha sido redactada por la conselleria de Medio Ambiente y Agricultura del Govern. De hecho, consideran que las enmiendas a la totalidad de El Pi, PP y Ciudadanos dicen prácticamente lo mismo y es probable que se pueda retrasar su aprobación, según los payeses, hasta la próxima legislatura.

Tanto Biel Company (PP), como Jaume Font (El Pi), anunciaron una fuerte presión al Govern para impedir que la Ley Agraria de Vidal salga adelante.