31 de julio de 2018
31.07.2018

Vivir en una cooperativa: 15.000 euros de entrada y 400 de mensualidad

El Govern cederá cinco solares a diversas entidades que construirán un total de 116 pisos

31.07.2018 | 13:51
Vivir en una cooperativa: 15.000 euros de entrada y 400 de mensualidad

Las claves

  1. Derecho de uso para las cooperativas: El titular del inmueble será la cooperativa, que adjudicará los inmuebles a sus socios en función de unos requisitos que fijará cada entidad. También será la cooperativa la que financiará la construcción de cada promoción.
     
  2. Una mensualidad de hasta 500 euros: Los beneficiarios de uno de los pisos sociales pagarán un máximo de 20.000 euros de fianza -retornable cuando lo dejen- y una renta mensual de entre 400 y 500 euros. Podrán permanecer en el piso por espacio de 75 años.
     
  3. La primera piedra esta legislatura: El Govern aseguró que todo está preparado para empezar a edificar esta legislatura. El proceso arrancará en septiempre con el concurso para adjudicar los cinco solares a las cooperativas.
     
  4. Requisitos para acceder a un piso: Los candidatos a vivir en una de las cooperativas deben estar inscritos en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, no tener un inmueble en propiedad  y no superar los 33.838 euros de ingresos al año.
Cinco solares del Govern acogerán a partir de 2019 una modalidad de vivienda pionera en Mallorca: la cesión de uso. Los terrenos serán cedidos mediante concurso a diversas cooperativas, que costearán la construcción de las promociones y adjudicarán las viviendas a los interesados siempre que cumplan con una serie de requisitos.

El programa Cohabita, presentado esta mañana por el conseller de Vivienda, Marc Pons, a diferentes colectivos sociales, implicará la construcción de 116 viviendas a las que se podrá acceder mediante el pago de una entrada de entre 15.000 y 20.000 euros retornables cuando se abandone el inmueble, y el pago mensual de una renta mensual que oscilará entre los 400 y los 500 euros.

Asimismo, se establece un plazo máximo de 75 años para disfrutar del inmueble. Las cooperativas financiarán su construcción -mediante la solicitud de un préstamo- y adjudicarán los pisos a los candidatos que cumplan con los requisitos: estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Balears, no tener una residencia en propiedad y no superar los 33.838 euros de ingresos al año.

Los terrenos se reparten por diferentes puntos de la isla: Son Servera, donde hay previstas 42 viviendas; Vilafranca, otras 21; Manacor, once; Santa Maria, veinte; y Llucmajor, con capacidad para construir 23 pisos. No hay ninguno en Palma, aunque Pons ha asegurado que su departamento está "trabajando" con Cort para que aporte un solar en el futuro.

"Se trata de hacer accesibles viviendas a precios más bajos, garantizando una duración de por vida. Es fundamental entrar en la cultura de la cooperativa. Estas serán las primeras experiencias, pero estoy convencido de que de ahora en adelante esta fórmula se extenderá", ha augurado el conseller, que ha comparecido escoltado por el director general de Vivienda, Eduard Vila; y la gerente del IBAVI, Maria Antònia Garcias.

Según lo previsto, los cooperativistas podrían poner la piedra de sus promociones este mismo curso político. "Los solares se adjudicarán a las cooperativas que mejor puntuación obtengan en el concurso en función de una serie de baremos. Después se hará efectivo el derecho de superficie y el inicio del proyecto. Todo está preparado para que las licencias de obra se puedan pedir esta legislatura. El tiempo para la ejecución del proyecto también dependerá de si la cooperativa quiere modificar mucho o poco del proyecto inicial", ha explicado Garcías.

El IBAVI tutelará el proceso entre la celebración del concurso, que se prolongará durante unos dos meses, hasta el momento en que los operarios empiecen a trabajar.

En el caso de que, como es previsible, el número de candidatos supere la cantidad de pisos ofertados, será cada cooperativa la que fije un sistema para adjudicar las viviendas entre sus socios.

La fórmula pretende aliviar la carestía de vivienda social en plena burbuja inmobiliaria del alquiler. Las cooperativas se constituirán sin ánimo de lucro y cada socio recuperará la inversión inicial de un máximo de 20.000 euros en caso de que abandone el inmueble. El sistema pone el foco en "el uso efectivo de la vivienda y no en su mercantilización", según reza un folleto informativo.

Los beneficiarios deberán comprometerse a residir en el piso "de forma habitual y permanente" para eliminar "toda posibilidad de lucro permanente".

Garcías ha subrayado que el IBAVI "ha trabajado previamente con los bancos para asegurarse de que los préstamos procederán de una banca ética".

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