La fiscalía de Balears ha cambiado de criterio y solicita ahora al juez que archive el llamado 'caso Rocamar', al entender que no existen indicios suficientes para mantener una acusación penal tras la operación de compra, por parte del Govern, del ruinoso hotel de Sóller. La fiscal que reclama el archivo no es la misma que ha intervenido en toda la fase de instrucción, en la que el juez ha venido expresando en varias ocasiones que observaba claros indicios de delito de malversación en la operación económica impulsada desde la conselleria de Turismo.
Sin embargo, si el juez atiende la petición de archivo, su decisión beneficiará al exconseller Carlos Delgado, a su sucesor en el cargo, Jaime Martínez y a los cuatro funcionarios de la conselleria de Turisme que participaron o se beneficiaron en la operación, como fueron el exjefe de la Inspección, Francisco Enseñat, y sus compañeros Jaime Oliver, Bernardino Seguí y Bartomeu Alcover.
Origen de la operación
La fiscal Clara Lavao ha presentado al juez un extenso escrito en el que analiza el origen de la operación Rocamar, cuya compra fue una decisión adoptada por el Govern del Pacto y refrendada después por el PP. El juez no creía que fuera casual que la cantidad que pagó el Govern coincidiera con un préstamo que había concedido los padres del jefe de la Inspección de Turisme, que fueron los que finalmente cobraron el dinero público tras cancelar la carga que había sobre esta propiedad.
Pero, sobre todo, el juez reprochaba que la conselleria no hubiera atendido un peritaje de un experto, que sostenía que del valor del inmueble, había que descontar el precio de la demolición.
Sin embargo, la Conselleria, basándose en un informe de los tres funcionarios, rechazaron este consejo porque, si bien el Rocamar estaba en un estado lamentable y el objetivo de la compra era derribar el edificio, no existía una declaración oficial de ruina. El Govern pagó casi un millón de euros.
La fiscalía recuerda que el préstamo que cedió la familia Ensenyat al dueño del edificio fue muy anterior a la decisión del Govern de adquirir este inmueble y que la ley lo que hace es proteger los créditos, que en este caso estaba garantizado por la propiedad del hotel de Sóller. Es decir, si el Govern quería comprar el edificio, antes había que saldar el préstamo que pesaba sobre la propiedad.
También la fiscal cita en el informe que la conselleria de Turisme, dirigida por Joana Barceló, ya destinó un mínimo de un millón de euros para esta operación, cantidad que fue asumida por el conseller Delgado. Recuerda también que en las reuniones que mantuvieron los integrantes del Consorcio que realizó esta operación, todavía no se había recibido el informe del técnico González Nebreda.
Los otros dos peritajes que se encargaron valoraban un precio muy superior al que señaló el arquitecto. Tras la investigación judicial, la fiscal concluye que la decisión del Govern de comprar la finca fue muy posterior al préstamo entregado por la familia del jefe de la Inspección de la conselleria. Por tanto, esta familia ya tenía sobre la finca un derecho hipotecario garantizado sobre la propia finca.
Una finca hipotecada
Aunque la fiscalía ahora entiende que no existen indicios suficientes para sostener una acusación, en el informe se critica la actuación de los responsables políticos en esta operación, como por ejemplo, que nadie de ellos tenía conocimiento de que sobre la finca pesaba una carga, es decir, una hipoteca. En ninguno de los tres informes de los tasadores se señalaba este dato y, por tanto, tampoco se tuvo en cuenta para establecer el valor real del hotel Rocamar.
La fiscal denuncia el reproche que representó para el interés público esta operación desde el punto de vista económico. Sin embargo, en la fecha que se realizó la compra no se consideraba delito de malversación que una administración dilapidara el dinero público. Ahora, tras la última reforma del Código Penal, si se habría considerado delito el dinero que se destinó a esta operación.
