La conselleria de Medio Ambiente lleva hoy al Consell de Govern para su aprobación el Decreto de Posidonia, ampliamente reclamado por los sectores más conservacionistas como instrumento para proteger este pulmón del litoral balear.

La principal novedad del documento es la incorporación de una de las críticas más importantes que realizó el Consell consultiu al decreto, la falta de una cartografía actualizada y de detalle que permita garantizar la seguridad jurídica de las sanciones que prevé la normativa.

El documento, reformado a contrareloj por Medio Ambiente para poder conseguir su aprobación en el Consell de Govern, fuerza a la Conselleria de Vicenç Vidal a aprobar mediante una orden un mapeo detallado y ponerlo a disposición de los navegantes.

Mientras esta cartografía no se lleve a cabo, el Govern prevé utilizar otra de menor detalle para cumplir de alguna manera con las recomendaciones del Consultiu. De hecho, el Ejecutivo anunció ayer que se pone en manos de la Armada para contar también con su apoyo a la hora de identificar la presencia de posidonia en las cartas náuticas, información que ahora no existe. El hecho es que el Consell Consultiu pedía un orden de factores diferente. Primero, aprobar una orden del conseller con la cartografía y, después, aprobar el decreto para mayor rigor jurídico al régimen sancionador.

Decreto

Medio Ambiente ha optado por empezar por el decreto, e incluir en él la obligación de realizar dicha cartografía de detalle. La cuestión es que mientras no se cumpla con la recomendación del Consultiu, las posibles sanciones que fija el decreto irán de alguna manera en contra de la garantía jurídica que considera 'esencial' el organismo que preside Antonio Diéguez.

La otra recomendación del Consultiu, que era la de que las sanciones no entren en vigor hasta el 2 de enero del 2019, no ha sido tenida en cuenta por parte de Medio Ambiente, que lleva hoy al Consell de Govern el documento para su aprobación.

La fuerte presión que vive el litoral, con denuncias diarias por parte de las entidades conservacionistas y también de los Agentes de Medio Ambiente por fondeos sobre posidonia y falta de vigilancia, han puesto al Govern contra las cuerdas, a pesar de las reticencias del Consultiu.