El alquiler vacacional también tiene, y mucho, impacto sobre el suelo rústico. Lo demuestran los últimos datos de la Agencia de Defensa del Territorio, que relaciona con esta actividad turística más del 80% de las infracciones detectadas. Se trata del mismo porcentaje aproximado que localizó la Agencia el año pasado. "Se mantiene la tendencia", aseguró ayer ante los medios de comunicación el gerente del organismo, Tomeu Tugores.
Si el porcentaje de infracciones relacionadas con el alquiler turístico se mantiene, el resto de infracciones identificadas y resueltas por la Agencia de Defensa del Territorio crece exponencialmente en relación con el mandato anterior. Desde el año 2016 este organismo ha ejecutado 158 demoliciones desde el año 2016. Veintiséis tuvieron lugar en 2016, 81 en 2017 y 51 durante el primer semestre de 2018. De las 81 ejecutadas en 2017, 50 fueron totales y 31 parciales.
Todas las demoliciones excepto una fueron ejecutadas por parte de los propietarios debido a la puesta en marcha de las multas coercitivas en caso de que las órdenes no se ejecuten voluntariamente. "Entre los infractores ya se ha creado una verdadera conciencia de que la Agencia impondrá todas las multas coercitivas que prevé la ley con tal de conseguir que el propietario ejecute la demolición", según palabras de la consellera insular de Territorio y presidenta de la Agencia, Mercedes Garrido. "Ahora se comienza a demostrar que es posible ejecutar demoliciones", añadió el gerente de la Agencia, Tomeu Tugores.
De hecho, de las 81 demoliciones realizadas el año pasado, un 87% se acogieron a las reducciones del 80% y del 90% de la sanción que prevé la ley si se ejecutan dentro de plazo.
Unos datos globales que fueron calificados de "históricos" por Tugores, teniendo en cuenta que entre 2011 y 2015 solo se materializaron 19 demoliciones.
La actividad de la Agencia se ha multiplicado y también su personal. De hecho, el número de trabajadores se ha duplicado desde 2015 y durante este 2018 la Agencia ampliará su plantilla con 24 nuevos trabajadores, necesarios para poder asumir las competencias de disciplina urbanística en suelo rústico protegido que la nueva Ley de Urbanismo de Balears ha otorgado a los Consells. "Nuestro modelo a seguir es el de la Agencia de disciplina urbanística de Galicia, un órgano formado por más de setenta personas y que cada año tramita entre 400 y 500 expedientes, ejecuta más de 150 demoliciones e impone más de 500 multas coercitivas", aseguró Tugores.
El número de inspecciones realizadas pasó de 265 en 2015 a 707 en 2017. Además, entre el 2016 y 2017 se dictaron 102 órdenes de paralización de obras en ejecución, mientras que entre 2014 y 2015 solo fueron ocho.
Los expedientes sancionadores o de demolición abiertos pasaron de 43 en 2015 a 203 en 2017.
Multas
En cuanto a sanciones impuestas, pasaron de 67 en 2015 a 110 en 2017, con cuantías que van desde los 2,9 millones de euros en 2011, los 0,7 millones en 2013 a los 4 millones en 2017. De hecho, entre 2016 y 2017 la cuantía de las multas impuestas por infracciones urbanísticas pasó de 1,7 millones a cuatro millones de euros.
Entre 2016 y 2017 se impusieron 231 multas coercitivas, mientras que en los años anteriores no se impuso ninguna.
Tugores destacó también que "pese a que en 2017 se han iniciado más expedientes que nunca, se han ejecutado más órdenes de demolición que nunca y se han resuelto más recursos que nunca, los datos demuestran que queda mucho trabajo por hacer". Concretamente, 793 expedientes pendientes de incoar, ejecutar 152 órdenes de demoliciones pendientes y resolver 88 recursos.
