Baleares es la segunda comunidad autónoma con menor porcentaje de superficie costera urbanizada con el 7,2 por ciento de terreno "degradado" por este motivo, según han apuntado la organización ecologista Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad a través de su informe 'A Toda Costa'. Aun así, se observa un contraste entre Menorca o la zona de Es Trenc, con poca urbanización litoral, y regiones como la isla de Ibiza o Andratx, con más superficie costera urbanizada.

A nivel nacional, el 80 por ciento de los recursos ambientales que provee la costa española está "en recesión" debido a la urbanización masiva, según el informe. El estudio señala que en los últimos 30 años, coincidiendo con la aprobación de la Ley de Costas de 1988, la superficie de costa urbanizada se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas, lo que supone que un 13,1 por ciento de la costa española está urbanizada frente al dos por ciento del interior.

La responsable de Biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos, ha asegurado que la Ley de Costas y la Ley del Suelo, aprobada hace 20 años, otorgó una gran potestad a los municipios para urbanizar en la costa, y ha lamentado que en los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tan solo el siete por ciento destinado a la costa es para su preservación.

Greenpeace ha remarcado que los ecosistemas costeros proporcionan bienes y servicios ambientales claves para el desarrollo económico y social, y son el "salvavidas" para adaptarse a los impactos del cambio climático, ha explicado la responsable de la campaña de Costas de la entidad ecologista, Paloma Nuche.

El informe ha analizado servicios ambientales como la alimentación, los minerales, el suelo litoral, los hábitats naturales, las áreas generadoras de evaporación, los hábitats para especies amenazadas, las áreas desprovistas de vegetación, la vegetación para amortiguar inundaciones, los espacios naturales protegidos y el paisaje natural.

Nuche ha asegurado que de los diez servicios analizados "ocho tienen una evolución negativa, están en recesión", al mismo tiempo que las superficies artificiales en la costa se han duplicado en 30 años.

El estudio señala que la mayor pérdida de servicios ambientales corresponde a la superficie ocupada por cultivos y pastizales generadores de alimentos, con una reducción del 13,1 por ciento, así como la reducción de la ribera de los ríos y otros cauces, con un 10,6 por ciento, pero que también se producen pérdidas en la capacidad de extracción de sal en las salinas, la de generación de lluvias por la pérdida de bosques y humedales, y que solo se mantiene aquellas que tienen una figura de protección específica.

CATALUÑA A LA CABEZA

Según el estudio, la urbanización del suelo y la destrucción de sus ecosistemas varían entre las distintas regiones y se concentran especialmente en el Mediterráneo y el Atlántico sur, muy especialmente en las provincias de Barcelona (40,9 por ciento), Málaga (26,2 por ciento) y Alicante (285 por ciento), y que Cataluña presenta el mayor porcentaje de superficie costera urbanizada, con el 26,4 por ciento, seguida de la Comunidad Valenciana (23,1 por ciento) y Andalucía (15,4 por ciento).

Desde el Observatorio de la Sostenibilidad, el consultor Raúl Estévez ha asegurado que el 36,5 por ciento de las playas españolas "no merece el calificativo de natural", un porcentaje que es mayor en el litoral mediterráneo y atlántico que en el cantábrico.

LEY DE COSTAS

Ante esta situación, Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad han propuesto elevar la consideración política de la protección del medio ambiente, aumentar el número de áreas protegidas en el litoral y desarrollar una planificación integral del litoral por encima de la escala municipal para proteger los ecosistemas.

Nuche y Marcos han reclamado al nuevo Gobierno central una nueva Ley de Costas, que permita "blindar" los tramos de costa todavía no urbanizados y una mayor protección a los ecosistemas de la costa.

Asimismo, Marcos ha pedido que el título de transición ecológica que lleva el Ministerio sea real, haya una mayor coordinación con Agricultura para "no repetir errores del pasado", y una tolerancia cero en las playas que quedan sin urbanizar para que no haya una hipoteca ambiental.