Personas sin hogar: El sueldo no llega para el alquiler

Zohra es camarera de piso en un hotel de máxima categoría de la isla. Su contrato es fijo-discontinuo y su salario se sitúa ligeramente por encima de los 1.000 euros al mes. Con él debe de sacar adelante a tres hijos, dos chicas de 19 y 12 años y un chico de 17, todos estudiantes aunque los mayores buscan empleo para el verano.

Hasta hace unos meses disponía de un piso en alquiler en la plaza Miquel Dolç por el que pagaba inicialmente 550 euros mensuales, pero al concluir el plazo del contrato se lo subieron a 650. Pudo hacer frente a este encarecimiento mientras mantuvo la actividad durante la temporada turística, que en su caso se prolonga durante unos siete meses y medio al año, pero al concluir ésta y pasar a depender de una ayuda de 420 euros mensuales durante el invierno, no pudo seguir pagando esa renta. Fue demandada por la propiedad del inmueble y desahuciada. Durante el pasado mayo se vio obligada a acudir al centro de acogida de Sant Joan de Déu, en el que ha permanecido a lo largo de unos dos meses.

Durante todo este proceso, la reacción de sus dos hijas fue positiva: "Mejor estar aquí que en la calle", le decía la mayor. Pero el chico entró en un proceso de rebeldía que derivó en cuatro asignaturas suspendidas a final de curso, algo que nunca antes le había pasado, lamenta su madre.

Asegura no sentir más que gratitud por el trato recibido en el centro, pero el problema con su hijo, sumado a los derivados de su religión (es musulmana y admite las dificultades de adaptación durante la celebración del Ramadán), la llevaron a no dejar de buscar una vivienda. Así, al salir del trabajo y durante sus jornadas de descanso su empeño fue el de encontrar una nueva residencia, para lo que recorrió "todas las inmobiliarias de Palma e incluso lo intenté en Inca porque hay tren".

Una salida provisional

Pero la búsqueda no tuvo resultados positivos a no ser pagando unos precios que para ella resultaban imposibles. Sin embargo, sus compañeros de trabajo se implicaron en esta labor y fue una de ellas la que le puso en contacto con un amigo que tenía un piso vacio. Ahora vive cerca del Pont d'Inca en un inmueble por el que paga 700 euros mensuales, algo que sabe que solo podrá afrontar mientras el hotel en el que trabaja siga abierto. "Rezo a Dios para que la temporada de este año aguante hasta finales de noviembre", admite. Porque durante este próximo invierno se volverá a reproducir el problema de bajada de ingresos.

Todo ello con un agravante: tiene una deuda de 6.000 euros con el propietario del inmueble del que fue desahuciada, y cada mes le retienen de su nómina unos 180 euros (sus ingresos netos quedan por debajo de los 900 euros al mes) al igual que el finiquito del final de temporada, lo que debilita aún más su precaria economía, dado que este último la ayudaba a aguantar durante algunas semanas.

Destaca que sigue buscando un alquiler más económico que el actual, pero afronta la posibilidad de tener que volver al centro de Sant Joan de Déu en unos pocos meses.

De 350 a 850 euros al mes

"Lo que está pasando con los alquileres no lo podemos afrontar muchas familias. Yo llegué a Mallorca hace 28 años y todos mis hijos han nacido aquí. No había visto nada igual. Tengo amigas que hace unos años se instalaron en Son Gotleu y pagan rentas de 350 euros mensuales. Yo ahora no encuentro nada en ese barrio por menos de 850", asegura Zohra.

Por su parte, Olga lleva 13 años viviendo en la isla y trabaja como limpiadora con un salario de unos 800 euros mensuales. Su pareja está la mayor parte del tiempo en el paro y solo obtiene contratos de sustitución con salarios muy bajos (ahora tiene uno de 15 días), a lo que se suman dos hijos: una chica de 15 años y un chico de 13. Ella y su familia disponían de una vivienda en Es Rafal por la que pagaban 550 euros mensuales. Pero antes de que concluyera el plazo de su contrato, la arrendadora del inmueble ya pretendió subir el alquiler hasta los 750 euros, algo que se negaron a aceptar.

"Yo pagaba el alquiler a través del banco, pero al cabo de un tiempo la propietaria me dijo que cerraba su cuenta porque tenía que irse de viaje, y que cada mes pasaría su hija a cobrar el alquiler. Así lo hicimos, pero cuando yo entregaba el dinero y pedía el recibo, me decía que se le había olvidado y que ya me lo traería. A los cinco meses me demandaron por impago y yo no tenía nada para demostrar que había cumplido", asegura.

El pasado mes de abril la familia de Olga tuvo que abandonar su residencia y acudir al centro de Sant Joan de Déu, donde siguen todavía, sabiendo que el plazo que se da para poder permanecer en él, de cuatro meses, está próximo a concluir. Por eso dedica buena parte de su tiempo a buscar una nueva vivienda, pero "todos me piden 700 o 800 euros mensuales como mínimo, lo que equivale a todo mi salario". Recientemente encontró una oferta de alquiler por 550 euros al mes, pero se encontró con que además de tener que abonar dos meses por adelantado a la propiedad, la agencia pedía un abono de 1.200 euros adicionales, lo que resultaba inasumible para ella.

Las dos coinciden en que la evolución que el coste de la vivienda está teniendo en la isla desde hace tres años es inasumible para los trabajadores con retribuciones más modestas, y no dudan en apuntar al alquiler turístico como uno de los responsables de lo que está sucediendo.

De momento, la opción de compartir piso con otra familia no la contemplan, especialmente debido al hecho de tener hijas adolescentes y por la pérdida de intimidad que ello conlleva.

La salida del piso compartido

Esta última opción dista mucho de ser excepcional, según lamenta la directora de la Fundació Sant Joan de Déu.

Como se ha indicado, durante los seis primeros meses de este año en el centro de acogida Es Convent, situado en el Camí Vell de Bunyola, se han atendido a 37 familias, de ellas 22 por haberse quedado sin vivienda. A su vez, durante ese tiempo 19 familias han encontrado una residencia y han podido abandonar esas instalaciones, pero en 15 de estos casos la única solución que ha resultado viable ha sido la de que dos familias compartan un mismo piso, ante la imposibilidad de asumir el coste del alquiler en solitario.

Uno de los trabajos que se realizan desde la Fundació es el de ayudar a encontrar una residencia, y en este aspecto se cuenta con la ayuda de las administraciones isleñas, como puede ser el disponer de algunos de los pisos del Instituto Balear de la Vivienda.

Pero también en este apartado hay sorpresas desagradables. Imma Iglesias recuerda que al acudir con una de las familias a las que se presta apoyo a uno de estos inmuebles, se encontraron con que había sido ocupado ilegalmente, lo que ha conllevado la apertura del correspondiente proceso para desalojar a las personas que se han adueñado de él, pero ha impedido que la familia a que se estaba ayudando haya podido disponer de esa residencia.

Imma Iglesias ofrece a cualquier persona que tenga un piso vacío y desee ayudar, que permita a la Fundació gestionarlo para encontrar a inquilinos que lo necesiten a un precio asequible.

Aporta además algunos datos para valorar el alcance del problema: en Mallorca, sólo el 0,7% de las viviendas se dedican al alquiler social, cuando la tasa en Europa es de un 10%. Y en España, un 30% de las personas en situación de pobreza disponen de un empleo.

Todo ello explica que los usuarios a los que se atiende en este centro tengan, de forma creciente, un perfil normalizado. Tienen un puesto de trabajo y no padecen situaciones de marginación social. Pero sus empleos son tan precarios, y los alquileres son tan altos, que les resulta imposible acceder a algo tan básico como un techo bajo el que vivir.