Dos años luchando por mantenerse a flote. Durante ese tiempo Juana Mendoza se ha separado de su marido maltratador, ha pasado por dos centros de acogida municipales, ha intentado remontar el vuelo en su país de origen, Bolivia, y ahora teme que la separen de sus hijos de dos y tres años.

Esta mujer con nacionalidad española y más de doce años de residencia en Mallorca debe abandonar el Servicio de acogida municipal para familias (SAM Familias) en el que vive con sus pequeños el próximo 13 de agosto. Denuncia que el centro le ha puesto esa fecha límite de manera arbitraria y pese a no disponer de vivienda ni recursos económicos suficientes para salir adelante. "Me han dicho que pueden separarme de mis hijos porque su bienestar es lo más importante", dice.

En 2016 denunció a su marido maltratador y se separó de él. "En ese momento mi hija tenía cuatro meses y mi hijo, quince. No tenía a donde ir, ni dinero, pero me ofrecieron una habitación en el SAM de violencia de género", relata.

Allí coincidió con Alma Vives, ahora activista en la plataforma Stop Maltratos Centros de Acogida. "Se fue del centro porque no aguantaba las normas abusivas que le imponían. Cuando estábamos allí había una usuaria a la que ingresaron como víctima de violencia de género. En realidad era una mujer de 50 años que había agredido a su pareja de 70. Y nos hizo la vida imposible a las que teníamos niños pequeños", explica.

Un frustrado regreso a Bolivia

Mendoza se marchó de allí a los tres meses, lo que complicó todavía más su situación. Y culpa al centro. "Me busqué un alquiler por mi cuenta en Palma, argumenta. "Hubo una evidente falta de transparencia porque podría haber solicitado un alquiler social al IBAVI o al patronato municipal de la vivienda de Palma, pero no le informaron de esas posibilidades", apunta Vives.

Encontró un alquiler de 550 euros. "Había encontrado un trabajo y creía que podría salir adelante, pero no contaba con que el padre de los niños me iba a dejar sola con todos los gastos. Los niños empezaron a enfermar. Mi hija llegó a estar una semana ingresada en el hospital. El padre se negó a ayudarme; me dijo que como que me había separado que me las arreglara sola. Así que perdí el trabajo y tuve que vender algunos muebles para pagar el alquiler", explica la mujer.

"Mi familia me convenció para que volviera a Bolivia. Estuve seis meses allí, pero mis hijos no se acostumbraron y todo estaba muy caro. La vida allí era incluso más difícil que aquí, así que mi familia reunió el dinero para comprar un billete y volví para intentarlo otra vez. Sabiendo que no sería nada fácil", recuerda Mendoza.

Estuvo viviendo con sus hijos en una habitación que le prestó una amiga, pero tuvo que dejarla por reformas. Era diciembre. Sin trabajo, sin casa y con dos bebés a su cargo, su única opción era volver a un centro: el SAM Familias que debe dejar el día 13.

"Al entrar le dijeron que iba a poder estar un año, pero la quieren expulsar el próximo mes", denuncia Vives. El SAM ha comunicado por escrito a Mendoza que debe dar por finalizada su estancia en el centro por dos razones: "Se comprueba que la familia dispone de recursos económicos o familiares para solucionar su situación" y "rechazar, sin una justificación adecuada, contratos de trabajo, alternativas de vivienda o cualquier otro recurso que promueva la finalización de la situación que han motivado su estancia en el centro".

Mendoza desmonta ambas afirmaciones. "No he rechazado ningún trabajo. De hecho, estoy trabajando. Lo único que dije es que quería cambiarlo por otro porque en este cobro 900 euros trabajando fines de semana, festivos y librando solo un día, lo que me obliga a pagar 500 euros en canguros. Al final me quedan algo más de 300 euros y apenas puedo ver a mis hijos", subraya la mujer.

El dinero de la manutención

"En el centro de acogida no hay guardería, ni ludoteca, ni nada, por mucho que lo diga el Ayuntamiento", critica Vives. "Solo le dijo a la trabajadora social que ella prefería buscar otro trabajo porque los niños pasaban más de doce horas sin ella", añade esta activista.

Los recursos económicos a los que se refiere el SAM son los cuatro mil euros que su expareja acaba de pagarle en concepto de atrasos en la manutención de sus hijos y que ha abonado por orden de un juez. "Ese dinero volará cuanto alquile un piso, pague la fianza, la comisión y la primera mensualidad", lamenta Mendoza.

La mujer pide más tiempo para encontrar otro trabajo que le permita conciliar y un alquiler que no liquide sus ahorros en un par de meses. "Ya me han dicho que si el día 13 no tengo un sitio en el que vivir a mí me llevarán a un albergue y me separarán de los niños", cuenta desesperada.

Vives cree que en este caso "están fallando todos los mecanismos de protección de una mujer víctima de violencia de género, desde el IBDona hasta el IBAVI, además de los dos SAM".