Responsables del Govern balear se han mostrado preocupados por la repercusión internacional que pueda tener la denuncia que presentará la única superviviente del naufragio, ya que piensa dedicar duras acusaciones contra los gobiernos de Italia y de Libia. Desde que se tuvo conocimiento de la propuesta del responsable de la organización humanitaria para dirigirse rumbo a Mallorca, el Ejecutivo balear se mostró de inmediato dispuesto a colaborar con estas víctimas, y autorizó desembarcar en Palma, tanto a la superviviente, como a los dos cadáveres rescatados. Pero cuando se tomó la decisión de ayudar a estas personas no se conocía que la intención de la superviviente era presentar una denuncia contra estos dos gobiernos extranjeros. De hecho, ningún representante del Govern tiene previsto ir a esperar el barco de la ONG al muelle. Dado que la mediación se realizó a través del teniente fiscal de Balears, la fiscalía General del Estado fue informada desde el primer momento de la situación de esta embarcación y de su deseo de dirigirse rumbo a España para entregar los cadáveres. También fue informada de que el responsable de la organización humanitaria tenía previsto presentar una denuncia. El juzgado de Palma no tiene competencias para investigar los hechos que comunicará la superviviente del naufragio. El juez se limitará a tomar declaración y a trasladar dicha denuncia a la Audiencia Nacional para que adopte la decisión que considere.
