El nuevo redactado de la futura ley balear de cambio climático va a incrementar los controles sobre las empresas de rent a car que operan en las islas, aunque se suaviza la velocidad con la que deberán incorporar a sus flotas los vehículos no contaminantes, según anunció ayer el conseller de Territorio, Marc Pons, tras la reunión del Consejo Asesor de Energía, que ha dado su visto bueno a la futura normativa. Este proyecto de ley será aprobado por el Govern en su reunión del día 27, para remitirlo posteriormente al Parlament, según las previsiones con las que trabaja el citado departamento autonómico.
El conseller destacó que durante la tramitación se han presentado 348 alegaciones, de las que un 81% se han aceptado. Entre los cambios que se han aplicado en relación al redactado inicial, puso de relieve el referido a los rent a car. Inicialmente se había previsto que el 10% de su flota en las islas debía de ser no contaminante en 2020, para alcanzar el 100% en 2035. Aunque se mantiene esta última fecha, se suaviza la entrada, y en 2020 el citado porcentaje se rebaja a un 2%.
Por contra, se incorpora la obligación de estas empresas de comunicar a la Conselleria el número exacto de coches que tienen circulando por el archipiélago, sus matrículas y la tecnología con la que funcionan, además de ir convenientemente identificados, para poder comprobar así que los porcentajes de automóviles no contaminantes se respetan. Marc Pons puso de relieve que no se limita el número de coches, al ser un sector liberalizado, pero sí se exige que estén censados, bajo riesgo de sanción. En cualquier caso, no descartó que la aplicación de la futura ley sea llevada a los Tribunales por las grandes empresas del sector, pero ha subrayado su solidez jurídica. "Es una ley valiente, pero también segura", afirmó.
Otra novedad es que se van a exigir placas solares para autoabastecerse en los aparcamientos de empresa de 1.500 metros cuadrados en el caso de los ya existentes si tienen contratados más de 50 kilovatios, y de 1.000 metros cuadrados si son de nueva construcción.
La futura ley permitirá también a los municipios fijar restricciones en el tráfico si se alcanzan unos niveles de contaminación excesivos (una medida pensada para Palma y que, por ejemplo, ya se aplica en Madrid), aunque el conseller ha considerado que esta posibilidad previsiblemente no se llegará a implantar nunca dada la calidad del aire que registran las islas.
También se va a pedir al Gobierno central que declare las aguas del levante español como zonas de control de emisiones (ECA) para así poder poner límite a las que generan las embarcaciones de alto tonelaje.
Marc Pons recordó que con esta ley se persigue que en 2030 un 35% de la energía consumida en las islas sea renovable, para alcanzar el 100% en 2050, fecha esta última en la que las emisiones contaminantes deben de haberse reducido un 90%.
Carga para coches eléctricos
En relación a la exigencia de que los turismos con motor diésel dejen de circular por las islas a partir de 2025 (salvo los ya existentes) y el impulso que se quiere dar a los coches eléctricos, el conseller recordó que en Balears hay ya 300 puntos de recarga para estos últimos, y que hay un presupuesto de 10 millones de euros procedentes del impuesto turístico para contar con 500 más.
Por otro lado, el conseller recordó que se mantienen otras actuaciones previstas en el redactado inicial del proyecto de ley. Así, se contempla el cierre de dos de los cuatro grupos generadores de la central de Es Murterar en 2020, y que se proceda al cierre completo en 2025.
Además, los edificios aislados en suelo rústico no destinados a usos agrarios deberán de autoabastecerse a través de energías renovables, por citar otro ejemplo, y en 2025 todo el alumbrado público deberá de alcanzar la máxima eficiencia.
