La Intervención del Consell ha paralizado la tramitación del Plan Director de Residuos no Peligrosos al considerar que para tramitarlo y aprobarlo en sesión plenaria se precisa un informe económico y financiero que detalle cómo se llevarán a cabo las inversiones. El departamento insular de Medio Ambiente, que gestiona la consellera Sandra Espeja, no ha presentado este documento que la Intervención considera capital para conocer el alcance económico de las nuevas plantas de compostaje que quieren crear y el cierre de dos líneas de la incineradora, entre otras cosas. Fuentes del Consell apuntan que sin este informe económico será muy difícil poder aprobar el plan de residuos este verano.
El Plan de Residuos urge ser aprobado, ya que el Govern tiene que unificar todos los planes realizados por los consells en uno autonómico y presentarlo ante la Unión Europea. Si este plan no es presentado a Bruselas este año, la Unión Europea amenaza con sanciones millonarias a la Comunidad Autónoma, además de paralizar la llegada de todas las ayudas europeas al campo isleño.
Según ha podido saber este periódico, el departamento insular de Medio Ambiente está elaborando el citado informe que los interventores han exigido. Si bien un documento de estas características no se confecciona en unas horas. Se precisa de evaluaciones económicas de calado.
Ello puede suponer un enorme problema para el Govern que necesita presentarlo ante Bruselas. Hay que tener en cuenta que este plan, antes de estar vigente, necesita superar trámites administrativos importantes. Este es el caso de la Comisión Balear de Medio Ambiente que debe evaluar su impacto ambiental.
Una muestra de la urgencia del Govern para contar con los planes de residuos y evitar la multa de Bruselas es que la conselleria de Medio Ambiente que dirige Vicenç Vidal prometió al Consell tramitar la evaluación ambiental por la vía de urgencia para adelantar al máximo su aprobación.
La amenaza de sanción de Bruselas por la falta de un plan de residuos autonómico enfrentó al Govern con los consells. Vidal alegaba que los responsables eran los consells, pero las instituciones insulares le recordaron que el plan que exigía Bruselas era autonómico. Por ello, el Govern fusionará los planes de los cuatro consells para evitar la multa.
