La reunión celebrada ayer entre el conseller de Movilidad, Marc Pons, y el vicepresidente de la patronal de fabricantes de coches (Anfac), Mario Armero, permitió visualizar la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes que suponga retrasar la prohibición de que circulen coches diésel por las islas a partir de 2025, tal y como pretendía la citada organización empresarial.

Pese a ello, el conseller sí se comprometió con el representante de los fabricantes a respaldar cualquier propuesta que se presente ante el Gobierno central para que subvencione la retirada de estos automóviles y su sustitución por otros vehículos no contaminantes. Hay que tener en cuenta que los planes del Ejecutivo autonómico contemplan también la limitación de los de gasolina a partir de 2035.

El argumento esgrimido por Pons es que los motores diésel son los que provocan las emisiones más perjudiciales para la salud de las personas, y se recuerda que su retirada se mueve en la línea fijada por la Unión Europea y ahora por el nuevo Gobierno estatal.

Por su parte, Anfac lleva semanas impulsado una campaña en la que advierte del perjuicio que se va a causar al empleo, recordando que en España hay 40.000 personas con un trabajo relacionando con la producción de coches diésel.