"Cada persona trasplantada de hígado le cuesta a las arcas de esta comunidad en torno al medio millón de euros", explicaba a este diario un trabajador del Servei de Salut experto en estos procesos que requirió el anonimato.

En esta cifra, matizó, se incluiría tanto el pago de la intervención propiamente dicha -el Servei de Salut tiene firmado un convenio con el Clínic de Barcelona mediante el cual este último le libra una factura de 57.000 euros por cada trasplante hepático que realiza a un ciudadano de esta comunidad- a la que habría que añadir los gastos de desplazamiento tanto del enfermo como de un acompañante y las dietas para alojarse y mantenerse en Barcelona no solo mientras espera que aparezca un órgano compatible para él, sino también durante las revisiones periódicas a las que deben someterse los pacientes trasplantados en la Ciudad Condal.

La fuente citada no quiso entrar a valorar si en las islas hay un volumen suficiente de pacientes como para decidirse a implantar el programa de trasplante hepático en su cartera de servicios -el año pasado se indicó el trasplante a treinta pacientes de las islas de los que la mitad, 15, fueron intervenidos en Barcelona y el resto sigue esperando que aparezca el hígado que les permitirá llevar una vida prácticamente normal-, pero sí subrayó que en otras comunidades autónomas donde sí se realizan estas operaciones no se llega al tope anual marcado como "idóneo" por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Este organismo considera que la ratio ideal para especializarse en estas intervenciones sería de entre 25 y 30 trasplantes por millón de habitantes. Sin ir más lejos, el año pasado se realizaron en todo el país 1.247 trasplantes de hígado, lo que significó una tasa de 26,8 intervenciones por millón de habitantes (datos de la memoria de la ONT), la máxima registrada a nivel internacional.

La fuente del Servei de Salut coincide plenamente con Rafael Matesanz, excoordinador nacional de la ONT que, en declaraciones a este diario, recalcó que en Balears hay un volumen suficiente de pacientes como para implantar este programa y que el hecho de que se haga o no obedece solo a "una decisión política".

"Es evidente que se trata de una decisión política. Porque el coste para poder iniciarlos no sería tan elevado. Tan solo habría que contratar a un cirujano con experiencia que hubiera hecho antes 50 o 60 trasplantes y a un hepatólogo que realizara los controles posteriores", calculó.

"Coste social brutal"

Con esta pequeña inversión se evitarían unas derivaciones a Barcelona que "tienen un coste social brutal", subrayó esta fuente aludiendo a las largas estancias que deben pasar estos enfermos y un familiar acompañante en una ciudad y un entorno que no es el suyo.

Pese a todos estos argumentos, este Govern aún no se ha decidido a poner en marcha unos trasplantes que mejorarían mucho la calidad de vida de los enfermos hepáticos de una comunidad que, a diferencia de La Rioja y Castilla La Mancha, las otras dos regiones del país dónde no se realizan, no tiene a pocos kilómetros en coche hospitales en los que sí podrían someterse a esta intervención.

Unos trasplantes para los que, puede ser un indicio, sí ha cuantificado su coste en su último listado de precios públicos el Servei de Salut (ver BOIB del pasado 4 de enero). Boletín oficial en el que estableció el pago de 27.403 euros por el más simple y de 72.963 por el más complicado (hay cuatro niveles) que se cobraría tanto a pacientes de otras comunidades como a ciudadanos de la UE.