La última y la penúltima vez que el magistrado Santiago Pedraz coincidió con Pedro Horrach, el hoy abogado se encontraba en el bando contrario. Por orden de aparición, el titular de un juzgado de la Audiencia Nacional y el entonces fiscal Anticorrupción figuraban como asistentes a la gala de entrega del galardón anual de la revista Vanity Fair en 2015. La Feria de las Vanidades, y sobre todo la Hoguera de las Vanidades, sería un excelente resumen de la trayectoria de décadas de Sa Nostra.
Los caminos de Pedraz y Horrach se cruzaron de nuevo, en la configuración de juez y acusador público, cuando el juzgado central de instrucción número uno asumió las trapisondas de Manos Limpias en el caso Infanta. La flexibilidad laboral de la carrera fiscal ha permitido que el mallorquín haya pasado de perseguir corruptos a defender a investigados por corrupción, ante el mismo magistrado. Y sin demasiado éxito, en el archivo de la causa contra Martín Gual.
A estas alturas, cualquier intento de deslindar a Sa Nostra de la corrupción rampante recibiría una sonora carcajada de los propios imputados. En su caravana de explicación del hundimiento de las cajas, el Banco de España se servía de operaciones de la entidad mallorquina como ejemplos de los desmanes que hundieron a la galaxia cajista.
Otro ingrediente indispensable en los casos de corrupción es la repentina desvinculación de los altos cargos de su responsabilidad. Consejeros y directivos que no se perdían una reunión para no descontarse ni una dieta, se ven asaltados por dudas sobre la ubicación de la sede de Sa Nostra.
La caja que avergüenza todavía hoy a una isla entera no solo mostró una rara habilidad para seleccionar a los peores gestores imaginables. Ahora padecen además una amnesia colectiva y sobrevenida, que someten al paraguas de la prescripción. Como mínimo, se debería exigir a los integrantes de la cúpula, que no se enteraban de nada, la devolución de las cantidades que cobraron para alimentar su ignorancia presuntamente criminal.
