Balears acabará pagando las deudas del aeropuerto de Ciudad Real. Esto será así porque la empresa responsable de la citada infraestructura recibirá 85 millones de euros de las arcas del Govern que aprovechará para liquidar 55,5 millones de euros de deuda con la infraestructura. Estos 85 millones salen de la última indemnización que deberá abonar el archipiélago por las desclasificaciones de suelo que se hicieron durante el segundo Pacto bajo la presidencia de Francesc Antich. En total, la ley que impulsó esos cambios de uso paralizando varias urbanizaciones, ha costado 138 millones de euros a Balears.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, confirmó ayer en rueda de prensa que el Ejecutivo autonómico deberá hacer frente a la ejecución de la sentencia y abonar del fondo de contingencia de la comunidad los 85 millones. Una cantidad que la justicia, primero el TSJB y luego el Supremo, ha impuesto a la comunidad en concepto de indemnización por la recalificación de unos terrenos en Punta Pedra, en Eivissa, que perdieron la opción de edificarse.
"Las políticas proteccionistas de la izquierda salen caro", denunció el líder del PP, Biel Company, que señaló que el hecho de que vayan a servir para pagar la deuda del aeropuerto de Ciudad Real "es una cosa anecdótica", pero que lo "realmente importante" es que "por una ley del Pacto" y "por la insensatez de la izquierda habrán costado 230 millones de euros". "¿Alguien imagina lo que podríamos hacer en Educación o Salud con 230 millones'", se preguntó.
El PP dice 230, Hacienda 138
No obstante, según los datos facilitados a agencias por la Conselleria de Hacienda, por ahora no son 230, sino 138 millones los que ha abonado el Govern en concepto de urbanizaciones a raíz de la ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible del año 2008.
En el Consell de Govern de la semana pasada ya se aprobó el cumplimiento de una sentencia para abonar 25'7 millones a una empresa de los terrenos desclasificados de Biniorrella en Andratx. Costa apuntó que otras sentencias por motivos similares contra el Govern todavía no son firmes y por lo tanto aún no se pueden contabilizar. Sin embargo, sólo por la recalificación de Biniorella, el Tribunal Superior de Justicia ya ha condenado a indemnizaciones de hasta 55 millones al Govern en tres causas diferentes. A falta de sentencias firmes, 138 millones en indemnizaciones.
