El Consejo Fiscal renovó ayer para un nuevo mandato a Ladislao Roig como teniente fiscal de Balears, un puesto que desempeña desde 1995. Roig era el único candidato que se postulaba para esta plaza y cuenta con el total apoyo de la plantilla de la fiscalía insular.

De esta manera la cúpula del ministerio público de Balears sigue sin cambios, tras la reciente confirmación de Bartolomé Barceló como fiscal superior de las islas.

Roig lleva destinado en las islas desde 1980 y en estos 38 años se ha caracterizado por un constante esfuerzo en la mejora de la Justicia y en la defensa de los justiciables más desfavorecidos, especialmente los incapacitados y los enfermos mentales. El año pasado recibió el Premio Decano Miguel Frontera otorgado por el Colegio de Abogados de Balears a los juristas que destacan por su ética jurídica.

El teniente fiscal ha ocupado cargos en la Unión Progresista de Fiscales y fue uno de los impulsores y animadores de la desaparecida Asociación de Juristas de Baleares, un colectivo que en los años 90 trabajó por la defensa de los derechos fundamentales y por una Justicia más moderna y ágil.

Expediente digital

Roig en los últimos meses ha participado, como un fiscal más, en las movilizaciones de jueces y fiscales en reivindicación de una Justicia más modernizada, eficaz e independiente.

Uno de los principales problemas que padece el ministerio público en las islas, común a otras comunidades, es el ineficaz, inseguro y lento sistema que se ha implantado para suprimir el soporte papel y trabajar solamente con el expediente digital. Los fiscales de Balears, ante la repetición de disfunciones que han venido sufriendo en lo que va de año, pidieron a Justicia y a la fiscalía general del Estado que suspendiera el expediente digital en tanto no se daban las condiciones para que el cambio se diera de manera segura, rápida y eficaz.

Los afectados han denunciado que documentos que constan en el expediente judicial digitalizado no les llegan a ellos o no los pueden abrir por las incompatibilidades de los sistemas informáticos de los juzgados y la fiscalía.