A Maria Antònia Munar no se le ha dado ningún tipo de facilidad en la cárcel de Palma para que inicie la fase de permisos de salida. Más bien lo contrario. En el último año y medio la expresidenta del Consell de Mallorca solicitó hasta en cinco ocasiones la posibilidad de salir unos días del centro, dado que ya había cumplido una cuarta parte de la condena de prisión. Y la respuesta siempre fue negativa. La Junta de Tratamiento, compuesta por diferentes funcionarios del centro, sostuvo que la reclusa no reunía las condiciones necesarias para disfrutar de estos permisos. El motivo casi siempre era el mismo: no reconocía el delito que había cometido y todavía le quedaban varias causas judiciales pendientes.
La expresidenta de Unió Mallorquina ha tenido que recurrir a los jueces de la Audiencia, los mismos que la han condenado hasta en seis ocasiones, para que se le reconozca su derecho a salir de permiso. El tribunal decidió esta semana aceptar el recurso que planteó el letrado Gaspar Oliver, que recurrió la negativa a dos de los permisos, una decisión adoptada por la propia prisión, pero ratificada después por el juez de vigilancia penitenciaria. Cuando están a punto de cumplirse cinco años desde que la expolítica ingresó en la cárcel de Palma, la próxima semana disfrutará de su primer permiso de salida. Solo son tres días y se trata de un permiso con restricciones. Estará tutelada por su marido, que deberá ir a buscarla a la cárcel y después acompañarla de nuevo al centro. No podrá salir de Mallorca y cada día tendrá que presentarse en un cuartel de la Guardia Civil.
Estas medidas se adoptan para evitar el riesgo de fuga, dado que a Munar todavía le faltan por cumplir otros nueve años de prisión. De hecho, hasta el año 2027 no habrá saldado definitivamente sus cuentas con la justicia, si bien se prevé que mucho antes haya obtenido el tercer grado penitenciario.
Ha sido el cambio de conducta de la propia Munar lo que ha propiciado que el tribunal de la Audiencia entienda que merece este permiso de salida. Hasta no hace mucho tiempo, la expresidenta del Consell de Mallorca mantenía que era inocente y que había sido injustamente condenada.
Sin embargo, a medida que fue perdiendo todos los juicios a los que se enfrentó, entendió que con esta estrategia lo único que hacía era ir sumando años de cárcel. Por ello, decidió colaborar con la fiscalía, reconocer los delitos, pagar las multas que le correspondían y establecer una fecha límite para salir de prisión.
Este cambio de actitud queda reflejado en un reciente informe, elaborado el pasado mes de mayo por uno de los técnicos de la cárcel. Aprecia un cambio definitivo en la actitud de Munar, de tal forma que en este momento ya reconoce su responsabilidad en los delitos que cometió, una situación que no se producía con anterioridad y que fue uno de los argumentos que utilizaban los jueces para ir denegándole los permisos de salida que ella iba pidiendo.
Además, los propios jueces pudieron ser testigos del cambio de actitud de Munar. Ya en el segundo juicio del llamado caso Can Domenge, la expresidenta del Consell tuvo que confesar que había cobrado un soborno económico para amañar el concurso de la venta del solar. Esta confesión le supuso una nueva condena, fijada por un jurado popular, después de pasar la humillación de reconocer que se había aprovechado de su cargo público para aceptar un soborno, una situación que había negado en el primer juicio sobre ese caso. Después de esta primera confesión, llegaron dos más, de tal forma que a final del año pasado asumió nuevos delitos para resolver definitivamente todos los juicios que le quedaban pendientes. De hecho, Munar no volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, tras ser condenada en seis ocasiones, asumiendo una pena global de catorce años de cárcel.
Tres millones de euros
A esta cambio de actitud hay que sumarle las repercusiones económicas que ha sufrido Munar desde que se inició la investigación judicial que le llevó a la cárcel. Su abogado Gaspar Oliver detalló en su escrito ante la Audiencia que su clienta viene abonando puntualmente las responsabilidades civiles que asumió al alcanzar un pacto con la fiscalía. Además del pago de estas multas, los tribunales han embargado la totalidad del patrimonio inscrito a nombre de Maria Antònia Munar. Estos bienes están valorados en unos tres millones de euros. Se trata, sobre todo, de propiedades inmobiliarias, que deben servir para cubrir las indemnizaciones a las que ha sido condenada. De hecho, el Consell de Mallorca, el principal perjudicado por las pérdidas económicas sufridas por el caso Can Domenge, está reclamando la ejecución de estos bienes. Además de perder las propiedades, Munar ya ha abonado en dinero un montante próximo al medio millón de euros.
Tanto el cambio de actitud, como la colaboración económica, han sido valoradas para concederle el permiso de salida.
