El Gobierno socialista, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, quiere que, al igual que lo que ocurre en Suecia, el sexo sin explícito y mutuo consentimiento sea violación. Esta polémica reforma quiere hacerse a rebufo de lo ocurrido con la sentencia de La Manada, una "violación" grupal de una chica de 18 años que fue calificada de abusos sexuales y no de agresión. Los juristas consultados en Palma discrepan de la oportunidad y alcance del cambio: dos abogadas feministas se muestran claramente a favor del consentimiento expreso y una tercera letrada apoya el concepto, pero estima innecesario cambiar el Código Penal. El resto tilda la iniciativa de oportunista, disparatada y fuente de muchos problemas.

La penalista Isabel Fluxà mantiene que la idea debe ser "que si no te digo que sí es un no", pero no ve necesario cambiar el Código Penal para introducir esta norma. "Veo una exageración un consentimiento explícito mediante un mensaje, pero sí es necesario cambiar la interpretación que los jueces hacen del actual Código Penal. Cinco hombres contra una mujer, ahí no es abuso, es agresión sexual. Hay que cambiar la manera de valorar el prevalimiento, porque una mujer puede quedarse bloqueada y ese bloqueo es un beneficio para el agresor. La Ley exige que la víctima ofrezca resistencia y se arriesgue a una paliza o a la muerte. Los jueces deben saber diferenciar y aprender a interpretar".

El magistrado jubilado José Castro manifesta que las dudas surgen a la hora de establecer qué significa consentimiento expreso. Castro no ve lógico que se trate de una autorización ante notario, ni que haya que rellenar los formularios de broma que circulan por las redes sociales.

"Creo que el consentimiento expreso debe deducirse de los actos coetáneos a las relaciones sexuales, como puede ser el besarse o el desnudarse, pero las otras fórmulas, como hacerlo ante testigos o por escrito, no tienen lógica"

El veterano jurista también quiere llamar la atención sobre el riesgo de que todos los delitos sexuales tengan una elevada pena de cárcel: "No es lo mismo una agresión sexual que un tocamiento de una nalga en un autobús. Hay que graduar las circunstancias y no imponerle 20 años de condena al impresentable tipo del autobús".

Un sector de la judicatura, que ha preferido no opinar públicamente, comenta que el Código Penal da una buena respuesta a los delitos sexuales, aunque quizás podría reformarse para mejorar la redacción y el alcance del prevalimiento, en supuestos como el de La Manada o cuando la víctima sufre agresiones sexuales estando drogada o en condiciones mentales alteradas.

María Durán, integrante del Consejo Asesor de Política de Igualdad del PSOE y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, acaba de publicar un detallado estudio sobre la reforma del Código Penal en la materia. Las conclusiones de su ponencia ocupan dos folios y la primera es "en las relaciones sexuales el consentimiento debe ser explícito, si no hay consentimiento hay violación siempre que haya penetración; mientras que en los otros supuestos habrá agresión sexual. Será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento; en consecuencia quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado".

Otra de las propuestas es que "la intimidación ambiental se considerará suficiente para acreditar que no ha habido consentimiento", en una clara alusión a La Manada. Durán opina que los abusos sexuales deben desaparecer del Código y tipicar solo los delitos de violación, con atenuantes y agravantes y "por falta de consentimiento de la víctima, con violencia, con intimidación, por prevalimiento, por edad (menores de 16 y mayores de 70) y por estar la persona víctima enajenada, inconsciente o en situación asimilada sin voluntad" y las agresiones sexuales, "en los demás actos sexuales sin penetración teniendo como referente para la penalidad las mismas circunstancias que para la violación".

Sexo en grupo

María Durán postula así mismo que para que el sexo en grupo no sea considerado violación "deberá haber un consentimiento explícito documentado".

El abogado Carlos Portalo augura que la reforma "puede causar problemas en el procedimiento penal" y la ve "absolutamente inviable". El hecho de que la carga de la prueba del consentimiento tenga que atribuirse al acusado es repudiado por Portalo y otros penalistas. "Un medio de prueba escrito o una grabación son contrarios a la dinámica de las relaciones humanas, que son más espontáneas. En caso de denuncia la práctica de la prueba recae sobre el acusado, que no tiene medio de acreditar el consentimiento", reflexiona.

El letrado y profesor de la Facultad de Derecho Jaume Campaner tilda la iniciativa gubernamental de "oportunista" y posible fuente de problemas. "No se puede legislar a golpe de telediario. A priori parece una ocurrencia que colisiona con las pautas que rigen el comportamiento humano en sus relaciones personales y sociales y tan solo va a generar una avalancha de denuncias oportunistas en los juzgados con el riesgo de que se produzcan condenas de personas inocentes sin que haya padecido el bien jurídico protegido por los delitos contra la libertad sexual", afirma.

Francisca Pol, exdiputada de la Comisión de Justicia del Congreso por el PP, piensa que el cambio es precipitado y se opone a la reforma "como abogada". "En este caso también hay que defender a los hombres (acusados inocentemente) que no van a poder demostrar que sí hubo consentimiento". Pol censura "el legislar en caliente, cuando para una reforma del Código Penal se tardan años y hay que pensar con mesura qué se cambia y cómo se cambia".

Ana María Vidal Font, una letrada muy activa en la reivindicación de un turno de oficio digno y respetuoso con la conciliación familiar, es la más dura con la iniciativa de Carmen Calvo: "Me parece marketing puro y duro". Vidal mantiene que "no cabe reformar el Código Penal porque el sexo sin consentimiento ya es típico (delito) en la actualidad". La letrada apostilla que Calvo debería dejar trabajar a la ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado, que ha encargado una comisión de estudio de reforma de los delitos sexuales (que extraerá sus conclusiones en noviembre), "en vez de crear una absoluta inseguridad jurídica".

Gabriel Garcías, profesor titular de Derecho Penal y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, cree que "hay que estudiar muy a fondo el consentimiento expreso, por que no sé cómo se va a articular". El prestigioso penalista explica que el consentimiento expreso ya aparece en el Código Penal en otros supuestos, como las lesiones por trasplantes de órganos, pero "hacer un documento y llamar a dos testigos para mantener relaciones sexuales está fuera de lugar y es una cosa de locos".

Francesca Mas, jurista y presidenta del Lobby de Dones, apoya la reforma sin fisuras. "El consentimiento expreso es lo más adecuado para proteger la libertad de la mujer, que es el bien jurídico protegido"

Mas también pide que las violaciones se consideren violencia de género, "lo que redundaría en una mejor formación de los jueces en perspectiva de género y en una mayor protección para las víctimas".

"Hay que contemplar en el Código Penal la manera en que una mujer vive la violencia".