Maria Antònia Munar disfrutará de un trago de libertad vigilada después de casi dos mil días ininterrumpidos de encierro, gracias a que la decisión corresponde a magistrados sensibles y no a ciudadanos que preguntarían en primer lugar si ya ha devuelto el dinero.
Difícilmente puede pretender la solidaridad popular una gobernante que practicó el salvajismo en la gestión, llegando a enajenar el patrimonio colectivo en provecho propio. El día en que Munar abandone la prisión por expiración de los compromisos penales que asumió libremente, disfrutará de unas condiciones que envidiarían la inmensa mayoría de quienes fueron sus súbditos.
Sin embargo, y en contra de quienes piensan que hay demasiada generosidad en un permiso de tres días bajo estricta tutela, este fugaz bocado de libertad servirá a los mallorquines para visibilizar la importancia de las condenas asociadas a un estallido de corrupción política que no se detuvo ante ninguna consideración. Hoy mismo, Jaume Matas, Iñaki Urdangarin y Munar duermen en prisión. En contra de lo que piensan los afectados, no son víctimas de un endurecimiento adicional ejecutado por el cuerpo judicial. Al contrario, sus condenas han tenido que franquear la barrera adicional de los inmensos privilegios que acumularon.
La esencia del poder que ejerció Munar se basaba en la real gana. La pérdida de la libertad, en cuanto negación de sus prerrogativas, es el mayor castigo que podía imaginar. Con la oferta de métodos coercitivos que brinda la paleta digital, la prisión es seguramente un método punitivo periclitado. Sin embargo, cuesta rechazar la reflexión de que solo la fuerza podía doblegar la sensación de impunidad que se adueñó de los gobernantes mallorquines y sus urdangarines.
A la vista de los trece años que cumple Munar, resulta incomprensible que otros colegas reincidan en sus comportamientos. También resulta ingenuo plantear la purificación de la política por contagio, al contemplar la peripecia de Rodrigo de Santos.
