Javier Rodrigo de Santos, nacido en Burgos en 1965 y que residió en Palma entre 1997 y 2014, atribuyó en 2008 la denuncia de varios menores contra él por abusos sexuales, corrupción e incitación al consumo de drogas, unos cargos por los que fue condenado, a "la venganza de Bartolomé Cursach, el conocido empresario de la noche con el que había protagonizado una guerra legal cuando era primer teniente de alcalde de Urbanismo de Palma por el PP, entre 2003 y 2007.
Una vida de novela negra
De Santos utilizó entonces el mismo débil escudo que ha empleado ahora, cuando diez años después se repiten las acusaciones contra él por abusos sexuales, aunque las víctimas en este caso serían mayores de edad: todo era una venganza.
La vida de Rodrigo de Santos da para escribir una novela negra, aunque , visto lo visto, todavía hay capítulos sin cerrar.
La sección segunda de la Audiencia de Palma, cuando le condenó a 13 años y medio de cárcel (que luego el Tribunal Supremo rebajó a cinco) por mantener relaciones sexuales con unos adolescentes, amigos de sus hijos y del grupo de catequesis liderado por la entonces su esposa, María Luisa de Miguel (pendiente de juicio por corrupción en el caso Over), le reprochó la doble vida que llevaba.
De Santos, que llegó a ser una joven promesa para refrescar el PP balear, era, a la vez, teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, padre de familia numerosa (cinco hijos), ferviente practicante católico, "consumidor abusivo de cocaína" y buscador de su deseo sexual abusando y corrompiendo a menores.
Rodrigo de Santos, licenciado en Derecho y funcionario, había aterrizado en Palma en los años 90 y ocupó puestos destacados en el entonces Insalud estatal, una delegación que llegó a dirigir y donde se destacó por su excelente trabajo. De ideología conservadora, pronto estableció vínculos con el PP y en 2003 ocupó un puesto destacado en las listas de Catalina Cirer para gobernar el Ayuntamiento de Palma. Como edil de Urbanismo, el exrecluso se distinguió por su mano dura contra la corrupción y contra la tolerancia hacia las infracciones urbanísticas.
Sus primeros problemas con la Justicia estallaron cuando la fiscalía le interrogó sobre un descuadre de 50.804 euros de fondos públicos gastados en un conocido club de alterne de ambiente homosexual, Casa Alfredo -"Era un buen cliente, un cliente conocido que venía al establecimiento y pagaba sus juergas con chicos y chicas con la visa", declaró ante la Policía Alfredo Gómez Ribada, el titular del club. La visa era una tarjeta de representación de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos, presidida por de Santos y que éste fundió en sexo y cocaína.
El exedil se quedó sin visa oficial cuando el PP perdió Cort en 2007 y entonces se produjeron los abusos sexuales a los menores.
En el juicio, ante un jurado popular, por la malversación, el acusado nunca reconoció haber mantenido relaciones homosexuales, pese a que un vídeo clandestino de una orgía con los chicos del club y bandejas de cocaína trascendió y quebró en añicos su imagen de buen padre de familia.
La Audiencia de Palma le condenó, en septiembre del 2009, a dos años de cárcel por la malversación. Otro tribunal le impuso los 13 años y medio por los abusos sexuales a jóvenes. El expolítico estuvo privado de libertad entre 2008 y 2014. Cuando obtuvo el tercer grado en la cárcel de Palma se trasladó a Burgos a cumplir en ese régimen el resto de la pena en el Centro de Inserción Social de dicha ciudad.Obtuvo un trabajo en una granja familiar. Más tarde, según explicó él mismo al juez Castro, su condición de exrecluso le cerró el acceso al mundo laboral. De hecho le echaron de una ONG al enterarse de su pasado.
