Patricia Mejía conoce bien algunas de las aristas de la burbuja mallorquina de los alquileresla burbuja mallorquina de los alquileres. Primero fue víctima de una estafa y ahora le penaliza el racismo de algunos propietarios. Esta dominicana de 31 años y con dos niños a su cargo busca un techo a la desesperada para esquivar un desahucio inminente del piso de Inca en el que reside desde hace un año y medio.

Todo empezó cuando vio el anuncio en Internet. Patricia llamó, concertó una visita con el supuesto propietario y le gustó. Era febrero de 2017, estaba en el paro y embarazada de siete meses. "Me enseñó otros dos pisos. Explicó que los había comprado en una subasta y que los ponía en alquiler para recuperar la inversión. Tenía llaves de todos, en ningún momento dudé de su versión", recuerda. "Le dije que quería este piso y aceptó. Quedamos un día en un bar en Palma", explica.

Pronto empezaron los problemas. El piso, un bajo a las afueras de Inca, no tenía luz ni agua. "Estaba embarazada y solo venía a dormir, no podía hacer vida aquí. Ni siquiera había contador. Contraté la luz, a mi nombre, y después fui al Ayuntamiento para poner el agua. Allí me dijeron que necesitaba la cédula de habitabilidad. El chico me dijo que lo haría él, pero me daba largas. Volví al Ayuntamiento y tras algunas comprobaciones me dijeron que el piso era de un banco", relata Patricia.

Descubierto el fraude, el supuesto propietario dejó de coger el teléfono. "Fui a la Guardia Civil a poner una denuncia. Allí me confirmaron lo que ya imaginaba: que el contrato era falso y que había sido objeto de una estafa. Había visto estos casos en la tele y nunca pensé que me podían pasar a mí", evoca.

Empezó entonces una angustiosa búsqueda de piso que todavía dura. En paro, con un niño recién nacido y otro de ocho años, era misión casi imposible. Al menos tenía agua después de llegar a un acuerdo económico con un vecino para conectarse a su corriente.

"En noviembre empecé a trabajar. Fue cuando me llegó una notificación de desahucio y supe que el piso era de la Sareb. El juicio se celebró a principios de este año, pero la juez lo desestimó porque el banco malo había puesto la demanda por lo penal y tenía que hacerlo por lo civil. Así que tuvieron que empezar el procedimiento desde el principio y yo gané tiempo", explica.

Durante las siguientes semanas Patricia trató de llegar a un acuerdo con la Sareb. "Les expliqué que me habían estafado y les pedí que me concedieran un alquiler social. Después de mucho tiempo rechazaron mi solicitud argumentando que tenía trabajo y que solo hacían alquileres sociales a personas sin recursos. Entonces les propuse que me firmaran un alquiler normal. También se negaron. Al parecer su intención es sacar el piso a la venta. Solo me han ofrecido la posibilidad de darme un mes para irme y entregarles la llave. ¿A dónde voy con dos niños pequeños? Aquí no tengo familia, ni amigos; solo compañeros de trabajo. No es una opción", lamenta.

Patricia tiene una nómina de 1.500 euros, una cantidad que debería ser suficiente para encontrar un piso en Inca. Pero se ha encontrado con un obstáculo inesperado. "Hace dos días pregunté por un estudio por el que pedían 575 euros y tres fianzas. Acepté. Entonces me preguntaron si tenía niños. Le contesté que sí, pero que estaban en mi país. Mentí porque en otros sitios me habían puesto pegas por tener dos niños pequeños. Me preguntó de dónde era y se lo dije. Le mandé una nómina por whatsapp y me dijo que le valía. Pero al cabo de una hora me envió un mensaje y me dijo que ya estaba alquilado. Estoy segura de que es porque soy dominicana. Me he encontrado con sitios en los que directamente me han dicho que no quieren alquilar a extranjeros", subraya.

"Sumas la barbaridad de los alquileres, a los niños y el hecho de ser extranjera. Pero sigo buscando todos los días", afirma.

De momento, vive con la angustia de una segunda orden de desahucio que, sabe, es inminente: "He denunciado al estafador y espero volver a verle en un juicio. Pero de momento tengo que encontrar algo ya. Tengo muchas cosas metidas en cajas porque sé que más temprano que tarde tendré que irme de aquí. Y no quiero esperar a que vengan con la policía a echarme y verme en la calle con todas mis cosas".