El Partido Popular, otras fuerzas políticas y algunos medios de comunicación están empeñados en crear en Balears un inexistente proceso secesionista similar al que lleva años alterando la convivencia en Cataluña.
El objetivo es fabricar un "enemigo" independentista que estaría trabajando, especialmente desde las instituciones públicas, para separar al archipiélago del resto de España y dar primacía absoluta al catalán sobre el castellano.
Para alimentar esa ficción se ha echado mano de cualquier vicisitud, o anécdota, relacionada con la exigencia de alguno de los niveles de catalán para acceder a determinados empleos públicos, incluidos enterradores, y se ha elaborado un falso relato sobre la fuga de profesionales de la sanidad pública al serles reclamados conocimientos en la lengua propia de las islas.
También se ha incidido en supuestos agravios e imposiciones de la enseñanza en catalán, frente a la opción de que los colegiales puedan estudiar en castellano, que habrían motivado el éxodo a la Península de algunas familias.
En esa misma línea pueden situarse los malogrados recursos de la exdelegada del Gobierno en Palma, Maria Salom, contra unas ayudas de unos pocos miles de euros de los Ayuntamientos de Capdepera y Pollença para rótulos comerciales en catalán. La nueva delegada del Gobierno en Palma, Rosario Sánchez, ha retirado esas demandas, en las que probablemente la Administración central iba a sufrir un revolcón de los jueces. En las islas no se persigue el castellano ni el catalán, ni desde las Administraciones Públicas ni en la calle y solamente algunas personas se sienten agraviadas por cuestiones del bilingüismo. Cabe recordar que ambas lenguas son oficiales y constituyen una riqueza.
