La pederastia es un delito abominable. Si se comete el seno de la Iglesia resulta aún más repelente. Asqueroso. Aborrecible. Durante décadas se ha intentado ocultar el que, según la doctrina eclesiástica, es uno de los peores pecados que se puedan cometer. En el pasado, ni el Papa ni los obispos actuaron con determinación cuando un religioso era denunciado. Ni siquiera pruebas contundentes o testigos directos lograban que se moviera un dedo para consolar a las víctimas y condenar al delincuente.
La casuística avala esta afirmación. Marcial Maciel, sacerdote, fundador de los Legionarios de Cristo, pederasta y padre de varios hijos, gozó de la protección de Juan Pablo II. Solo la llegada de Benedicto XVI al pontificado puso fin a sus desmanes.
En Mallorca resulta notorio el caso de Pere Barceló, exrector de Can Picafort. Ni el Obispado ni la Justicia atendieron con diligencia las denuncias que le señalaban como abusador de menores. Todo se tapó. Tuvieron que pasar casi quince años para que se produjeran dos condenas, una primera eclesiástica y otra penal. Habían pasado 18 años.
En este lapso de tiempo variaron las actitudes. El primer cambio se produjo en la Iglesia. El segundo fue el de la sensibilidad social ante este delito. El tercero, la atención de los jueces.
Por eso, cuando se ha denunciado a otro presunto pederasta, el exprior de Lluc Antoni Vallespir, ya no se ha buscado el ocultamiento. El obispo Javier Salinas le apartó de sus funciones pese a que un primer caso investigado había prescrito penalmente. Al presentarse una segunda denuncia de un ´blavet´, ahora no prescrita, el juzgado impone medidas de control al acusado. Y, lo más significativo, la propia comunidad de los Missioners dels Sagrats Cors ha condenado los abusos. Este es el camino: claridad y sanción.
