Rosario Sánchez, delgada del Gobierno acaba de anunciar que la Abogacía del Estado ha desistido y retira los recursos contra las ayudas para la rotulación en catalán de los comercios impulsadas por el ayuntamientos de Pollença y de Capdepera. Unos recursos muy polémicos que fueron interpuestos por su antecesora, la popular María Salom, y que también estaba a punto de ampliarse la demanda contra el Consell que también ofrece este tipo de ayudas.
La nueva delegada del Gobierno ha explicado que "nuestra intención es la de respetar la Ley de Normalización Lingüística y la autonomía de otras instituciones, como es el caso de los ayuntamientos de Pollença y Capdepera".
Hay que recordar que estas ayudas a la rotulación en catalán del ayuntamiento de Pollença fueron ofrecidas durante la pasada legislatura gobernando el PP en el consistorio pollencí. No obstante, María Salom decidió secundar el recurso de la Abogacía del Estado: "Tenemos la obligación de velar por que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y se subvencionen por igual", aseguró la representate del gobierno del PP el pasado mes de mayo.
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La entonces delegada del Gobierno afirmó que la "doctrina constitucional" señala que "la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas", dando a entender que las ayudas a la rotulación en catalán arrinconan al castellano.
Sin embargo, una semana después de llegar a la Delegación del Gobierno y tomar posesión como representante del Gobierno socialista, Rosario Sánchez ha fulminado todos los prejuicios de la "doctrina constitucional" de que hablaba Salom y ha conseguido que la Abogacía del Estado desista de los recursos presentados contra Pollença y Capdepera por conceder ayudas a sus comercios si rotulan en catalán.
