La infanta Cristina recibió del Tribunal Supremo el pasado 12 de junio una doble noticia. Por una parte, conoció que su marido, Iñaki Urdangarin debía ingresar en prisión. Y, por otra, que la responsabilidad civil que le impuso el tribunal de la Audiencia de Palma como responsable civil a título lucrativo, iba a ser menor. Es decir, que a la hermana del Rey se le debe devolver una gran parte del dinero que en su día entregó en el juzgado como muestra de que su voluntad no era beneficiarse de los fondos públicos que había obtenido su marido. Esta semana ha pedido que se le reintegre este dinero.

Concretamente, la Infanta ha reclamado por escrito a la Audiencia de Palma que le devuelva 899.988,58 euros tras la sentencia definitiva del Palmacaso Nóos dictada por el Supremo, según informaba ayer El Periódico. La cantidad que exige la hermana del Rey es la diferencia entre el montante que consignó como fianza durante el proceso de instrucción y la sanción a la que finalmente fue condenada.

El Supremo, con la sentencia que se comunicó el pasado mes, rebaja la cuantía que estableció el otro tribunal. Así, de los 265.088 euros que se estableció en la primera sentencia en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, ahora la cuantía queda limitada a los 136.950 euros.

Frente a una eventual condena, doña Cristina ya depositó en el juzgado a cuyo frente se encontraba el juez Castro durante la fase de instrucción de la causa un total de 1.036.938,58 euros. Una vez confirmada la sentencia, que no fue recurrida por la esposa de Urdangarin, la procuradora de la infanta ha presentado un escrito en la Audiencia de Palma en el que reclama la "cantidad sobrante consignada", es decir, 899.988,58 euros.

La petición llega pocos días después de que la exduquesa de Palma visitase por primera vez a su marido en la cárcel de Brieva (Ávila), donde Urdangarin cumple desde el pasado 18 de junio una condena de cinco años y 10 meses por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos contra la Hacienda Pública.