La fiscalía no ha sellado un pacto de conformidad con los 81 controladores que serán juzgados, entre el 8 octubre y el 21 de diciembre, por sedición o abandono del servicio, tras cerrar en 2010 el espacio aéreo de Balears con una huelga salvaje. La vista oral se hará en la Audiencia y está previsto que se desarrolle a lo largo de 17 sesiones, sin que la presencia de los acusados altere el tráfico aéreo de las islas.
La sección primera de la Audiencia se reunió ayer con los defensores y acusaciones personadas en este macrosumario para fijar un calendario de sesiones.
Tandas de acusados
El juicio, pese al gran número de acusados, se celebrará, si no se produce un pacto de última hora, en la propia Audiencia, que nunca ha sido escenario de una vista oral con tantos encausados. Está previsto que, para que no se paralice el tráfico aéreo en las islas, los acusados sean juzgados por tandas, según fuentes jurídicas.
Fuentes de la fiscalía señalaron ayer que, pese a lo adelantado por medios próximos a los acusados, no hay, a día de hoy, ningún pacto en firme y solo se ha mantenido una conversación. La fiscal Amparo González acusa a los 81 empleados públicos de sedición por organizarse para paralizar un servicio esencial, con la excusa de que estaban enfermos por ansiedad y no podían trabajar. Por ese delito, González les reclama sendas penas de 4 años de cárcel, que deberían cumplir si el tribunal finalmente las acepta.
La fiscal ha planteado la alternativa de que los mismos hechos, la huelga salvaje encubierta que dejó en tierra a miles de pasajeros que salían o tenían que llegar a Balears, puede ser calificada de abandono de servicio, penado únicamente con una multa. Esta segunda opción allanaría un pacto.
Sin embargo, siete de los 81 implicados han manifestado su oposición a declararse culpables incluso de abandono de servicio, un delito por el que no perderían la libertad, ni tampoco su empleo.
Desde la fiscalía también se matizó ayer las informaciones del entorno de los controladores respecto a que habían reservado 15 millones de euros para compensar a los afectados por aquel paro, que bloqueó el espacio aéreo en toda España.
Ni un euro consignado
"Aquí no han consignado nada para reparar el daño causado y eso es un requisito imprescindible para un pacto", destacaron las fuentes del ministerio fiscal.
Los controladores sí que han llegado a pactos extrajudiciales con algunos perjudicados, a los que les han indemnizado con entre mil y diez mil euros por cabeza a cambio de que se retirasen como acusación particular.
En la causa siguen personadas algunas acusaciones, entre ellas la Federación Hotelera de Mallorca, que perdió mucho dinero con las cancelaciones y los días gratis que tuvo que ofrecer a los turistas atrapados en la isla.
La fiscalía no quiso ayer adelantar qué cantidad en concepto de responsabilidad civil se va a reclamar a los 81 acusados.
La huelga ilegal tuvo lugar en el puente de la Constitución de 2010, unas fechas en las que miles de familias pensaban viajar y se quedaron tiradas. El Gobierno de Zapatero tuvo que militarizar a los controladores para acabar con el paro.
Los controladores siempre han mantenido su total inocencia.
