La familia amenazada de desahucio este viernes de su piso de Marratxí gana tiempo. Cajamar, propietario del inmueble en el que viven de alquiler desde hace cinco años, ha concedido esta mañana a Ramón Santiago, Eva Cortés, sus cuatro hijos y dos nietos, un aplazamiento de la ejecución de tres meses. La entidad, en todo caso, ha advertido a la familia de que no habrá más prórrogas, por lo que deberán abandonar el inmueble en el que viven los ocho miembros de la familia antes de octubre.
El responsable de una sucursal de Cajamar cercana al domicilio ha comunicado por teléfono a Santiago el aplazamiento del desahucio, programado desde marzo por impagos del alquiler que superan los cinco mil euros. Asimismo, le ha reiterado que no habrá más negociaciones para rebajar la renta social que pagaban, 360 euros más 80 de gastos de comunidad, tal como publicó este diario el pasado día 19.
La plataforma Stop Desnonaments, que presta asesoramiento a la familia, mantiene su convocatoria frente al domicilio de Santiago y Cortés el viernes en sa Cabaneta para evitar el desahucio hasta que "el aplazamiento esté por escrito".
"Solo tenemos una comunicación verbal, mantendremos las movilizaciones hasta que haya constancia por escrito", ha indicado Joan Segura, portavoz de la plataforma. "Exigimos a Cajamar que renegocie un alquiler asequible para la familia y archive definitivamente la demanda de desahucio. Y al Ayuntamiento de Marratxí que construya vivienda pública", ha añadido este activista.
Santiago y Cortés han recibido con alivio la prórroga del desahucio, pero han recordado que solo han aplazado el problema. "En septiembre seguirá sin haber alquileres asequibles para nosotros. Nuestra única esperanza es que el IBAVI nos de un piso. Porque sino, ¿a dónde iremos?", se ha preguntado Cortés.
La familia alquiló el inmueble en 2013 a una mujer que se hizo pasar por la propietaria. Poco después de instalarse llegó una orden de desahucio a instancias del banco y la constatación de que habían sido engañados. "Le dimos 1.080 euros por los tres primeros meses de alquiler y desapareció", recuerda Santiago. Aquella primera vez Cajamar aceptó paralizar el lanzamiento y conceder una renta de 360 euros que Santiago y Cortés siempre han considerado muy elevada para ser un alquiler social.
