Que devuelvan el dinero. Poco a poco, muy poco a poco, la principal exigencia de la calle cuando se habla de corrupción se hace realidad en Balears. Las arcas públicas de Govern y GovernConsell de Mallorca, saqueadas por la corrupción política durante casi una década, han logrado recuperar a cuentagotas en los últimos cinco años cerca de 8 millones de euros de los casos que han ido resolviéndose ante la justicia. A falta del dinero de los foros de Nóos celebrados en Palma, los 900.000 euros que ingresará de forma inminente la comunidad de manos de Iñaki Urdangarín, Diego Torres y la infanta Cristina por la sentencia del Tribunal Supremo son el último pellizco que vuelve a Balears.
En los últimos cinco años, desde que empezaron a caer las primeras sentencias firmes del Supremo, según los datos de la Abogacía de la Comunidad, el Govern ha ingresado 2,43 millones de euros, que pronto se convertirán en 3,33 millones gracias a los 900.000 euros de la sentencia de Nóos que ya ha enviado al cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, y al expresidente del Govern, Jaume Matas, a la cárcel. Por su parte, el ConsellConsel de Mallorca ya ha podido gestionar 4,5 millones de euros recuperados de la corrupción, principalmente de las irregularidades de la venta de Can Domenge, por la que está condenada la expresidenta de la institución insular y líder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, que ya acumula penas de prisión por 14 años.
En el caso de una institución como de la otra queda todavía dinero por recuperar. Sólo con las sentencias del Supremo hasta la fecha, Govern y Consell deben recuperar 20 millones de euros, por los apenas 8 que han ingresado. Sólo por el pelotazo urbanístico de Can Domenge, entre Munar, su número dos, Miquel Nadal, y Miquel Ángel Flaquer, deben devolver al Consell 12 millones de euros, y, de momento, sólo van tres.
El dinero de la lata de Cola-Cao
El Govern ha ingresado hasta la fecha 2,43 millones y ahora llegarán 900.000 más del caso Nóos. Pese a que, de momento, Iñaki Urdangarín no deberá devolver los 2,7 millones de los foros celebrados en Palma, entre el exduque y su exsocio Diego Torres deberán pagar 619.000 euros por el patrocinio del equipo ciclista y por una última factura de sus eventos. A esto se le suman los 136.900 euros de la responsabilidad civil que debe pagar la infanta Cristina y los intereses. Al haber depositado los tres importantes fianzas durante el proceso judicial, la Abogacía da por hecho ingresarlos en breve.
Los 2,43 millones restantes proceden principalmente del caso Scala, recordado por la icónica imagen del desentierro de la lata de Cola-Cao del huerto de la exalto cargo del Partido Popular Antònia Ordinas y por el que el conseller Joan Josep Cardona. Por Scala se han recuperado 1.044.000 euros. Por otra parte ya se han ingresaso de las distintas piezas del caso Voltor, 321.000 euros; y de las piezas de Ibatur, 192.000 euros. Luego siguen toda una retahíla de casos por los que se han devuelto cantidades inferiores a 100.000 como los casos Turisme Jove o el caso Bitácora.
Todos estos casos proceden de la época de Jaume Matas en el Govern, entre los años 2003 y 2007.
Pese al dinero recuperado, los condenados por el caso Scala deben devolver todavía el grueso de los fondos pendientes de recuperar por el Govern. De la sentencia que envió por primera vez a Matas a prisión por los pagos irregulares a la agencia de noticias del periodista Antonio Alemany, que le escribía sus discursos, tras cinco años tampoco se han recuperado los 139.000 euros abonados a la Agencia Balear de Noticias (ABN).
Aún con la existencia de sentencia firme, la administración encuentra dificultades a la hora de recuperar los fondos. En algunas ocasiones, el problema es que muchos de los condenados disponen de testaferros o de un patrimonio oculto lejos del alcance de la justicia española, y en otras por obstáculos a la hora de notificar la exigencia de devolución a los condenados por corrupción.
Venta de bienes de Munar y Nadal
El Consell debe recuperar hasta 12 millones del caso Can Domenge y, sin embargo, ha ingresado poco más de tres millones. El pago de esa suma debe ser asumido entre Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, a razón de 3,4 millones por cabeza, y Flaquer, que debe pagar 1,8 millones. Para los tres millones recuperados se han tenido que vender algunos bienes de Nadal y se han embargado nóminas de Flaquer. El Consell ha pedido sacar a la venta el máximo de patrimonio de Munar, Vicens y Nadal, pero sobre sus inmuebles pesan otras cargas, debido a embargos por otras sentencias judiciales e hipotecas. El proceso para recuperar los nueve millones restantes puede alargarse durante años.
Además del caso Can Domenge, el Consell también ha recuperado dinero a través de diversas sentencias caso Voltor, e ingresará nuevas cantidades por los casos Son Oms y Maquillaje después de las últimas sentencias a Munar.
Más sentencias pendientes
La Abogacía de la Comunidad calcula, además, que el dinero a recuperar por parte del Govern puede alcanzar en los próximos meses los 8 millones de euros. Para empezar, la sentencia de la Audiencia de Palma por el caso Ópera condenó a Jaume Matas a pagar de su bolsillo los 1,2 millones de minuta del arquitecto Santiago Calatrava. Es el dinero que Matas le abonó de las arcas del Govern para el proyecto de la Ópera de Palma que no pasó de una maqueta reciclada, y que ahora debería devolver en cuanto resuelva los recursos el Supremo.
Además de las sentencias firmes, el Govern se mueve ahora en otros dos frentes. Por un lado, en recuperar los 2,7 millones de los foros de Nóos, cuyos contratos el Supremo ha considerado ilícitos pero de los que ha librado devolver el dinero a Urdangarín y Torres, tal y como pretendía el Govern. El alto tribunal sí dio la razón a la Abogacía de la Comunidad sobre que los encargos son nulos de acuerdo a la normativa administrativa, pero que la jurisdicción penal no es la competente para resolver todas las consecuencias civiles derivadas de un delito. Por ello, la Abogacía estudia ahora presentar una demanda civil contra los condenados por Nóos para que devuelvan el dinero, tal y como informó este diario. La otra opción que barajan los servicios jurídicos del Govern es la revisión de oficio de los acuerdos del Consell de Govern que autorizaron los trabajos para declarar su nulidad.
Esta última fórmula sería la misma que la empleada para recuperar los 153.000 euros de la subvención electoral de la campaña del PP balear de 2007, después de que el entonces tesorero del partido y cuñado de Matas, Fernando Areal, confesara la financiación ilegal del partido, y también como consecuencia de la sentencia del caso Scala, donde se consideró probado el desvió de fondos públicos a material de campaña de los populares. Tras los cálculos de la Sindicatura, el actual Ejecutivo de Francina Armengol decidió anular la ayuda y reclamar al actual PP de Biel Company los 153.000 euros, si bien el Consell Consultiu rebajó a 7.195 euros el dinero a devolver. El PP defiende que no ha sido condenado a devolver el dinero y el Govern sigue aún a la espera.
Para servicios sociales
El Consell decidió en 2014 destinar el dinero que se fuera recuperando de casos de corrupción a servicios sociales para beneficiar a los más desfavorecidos y desde entonces año tras año cuando ha ido ingresando fondos desviados los ha destinado a proyectos del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS. Las últimas cantidades recuperadas de Can Domenge y del caso Voltor se destinarán, según acordó la institución insular el año pasado, a la construcción de un centro para personas sin techo ante la elevada afluencia del actual albergue de Ca l'Ardiaca.
