El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de residuos y suelos contaminantes de BalearsLey de residuos y suelos contaminantes de Balears que contempla un régimen sancionador de entre 300 euros para las infracciones leves y de hasta 2 millones de euros para las más graves, según explicó el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal. El objetivo prioritario es "poner freno al uso indiscriminado de plásticos" a través de medidas como que los productos de este material de un solo uso sean compostables.
Así, a partir de 2020 sólo se permitirá la distribución de bolsas de plástico compostables muy ligeras, siempre que se destinen solo a productos alimentarios para prevenir el desperdicio o por razones de higiene y seguridad. Esta medida entrará en vigor un año más tarde de lo previsto en el primer borrador de la normativa, que establecía la prohibición para 2019, con el fin de favorecer que el pequeño comercio pueda deshacerse del material disponible.
Además, a partir de 2020 se deberá evitar la venta de productos que contengan microplásticos y las versiones no reutilizables de encendedores, maquinillas de afeitar, cartuchos y tóneres de impresoras y fotocopiadoras, así como las cápsulas de café de materiales no compostables. También deberán reemplazarse por otros realizados con materiales biodegradables objetos plásticos como platos, vasos, pajitas, bastoncillos de orejas o envoltorios desechables de productos frescos.
Asimismo se incluyen medidas para la reducción de residuos y se establece la recogida selectiva de materia orgánica, textil y de aceite. El objetivo es que el mismo año 2020 se logren reducir en un 10 por ciento los residuos generados respecto a 2010.
Junto a ello, desde la entrada en vigor de la normativa quedará prohibida la importación de residuos para ser tratados en las plantas de Balears, uno de los compromisos de los partidos del Pacto que figuraban en los acuerdos de gobernabilidad suscritos en 2015. Además, no se podrá incinerar ningún tipo de residuo sin que antes haya sido objeto de un tratamiento.
El proyecto de Ley, que se remitirá ahora al Parlament para su tramitación y aprobación definitiva antes de que acabe la legislatura, establece que los municipios deberán promover la reducción de residuos y adoptar medidas contra prácticas como el dejar tiradas colillas en las playas. Además, los consistorios deberán ofrecer recogida diferenciada de materia orgánica, aceites, residuos textiles y peligrosos.
Fuentes de agua potable
Además se instalarán fuentes de agua potable en edificios públicos y para 2030 se prevé reducir en un 50 por ciento el desperdicio de alimentos que tiran tiendas, bares, restaurantes y cocinas de establecimientos públicos, como hospitales y colegios, para lo cual se establecerán mecanismos de distribución con comedores sociales. Los restaurantes y hoteles deberán facilitar a los clientes los restos de alimentos no consumidos en envases compostables.
Vidal resaltó que el proyecto de Ley sigue el criterio de que "quien contamina paga", por lo que se plantean bonificaciones para las buenas prácticas. Junto a ello, se creará un inventario de suelos degradados por la contaminación para impulsar su recuperación.
