El Govern espera que el nuevo Gobierno socialista ponga fin con celeridad a los recursos impulsados desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, buena parte de ellos impulsado a través de la exdelegada del Gobierno, la popular María Salom, contra la normativa de las islas. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de retirar el recurso contra la carrera profesional de los funcionarios, adelantada ayer por DIARIO de MALLORCA, ha iniciado el camino para acabar con los recursos y avisos de inconstitucionalidad sobre medidas decididas en Balears por los gobiernos del Pacto.

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ya había trasladado al nuevo Gobierno central que su voluntad política era que se pusieran fin a estos recursos, empezando por los que afectaban a la carrera profesional y a las ayudas a la rotulación en catalán por parte de los municipios. Ayer ni el Govern ni delegación del Gobierno habían recibido aún la comunicación oficial de Madrid sobre la retirada, si bien reiteraron que es una de las prioriades tras la llegada de Sánchez al poder.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, recordó que en lo que se refiere a los funcionarios autonómicos el Govern había intentado blindar la carrera profesional incluyéndola en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de este año, una decisión ante la cual el Gobierno de Mariano Rajoy reaccionó con una "advertencia de inconstitucionalidad". Aunque Costa no lo dijo, fuentes del Ejecutivo balear precisaron que en este caso la solución es sencilla, ya que las advertencias de inconstitucionalidad tienen como primer paso una reunión de la comisión mixta entre la administración central y la autonómica para intentar alcanzar un acuerdo. Al no haberse convocado, es suficiente con no hacerlo de tal manera que la adevertencia decae.

Con la carrera profesional de los empleados públicos municipales y de la institución insular la solución es más compleja, ya que contra ella sí hubo recursos. Al estar más avanzada la fase judicial se están perfilando posibles soluciones jurídicas. Costa recordó ayer que en la llamada Ley Ómnibus aprobada recientemente por el Parlament, por la que se modificaban varias normativas de Balears, se incluyó la carrera profesional de los funcionarios del Consell y ayuntamentos, con el fin de darles un paraguas legal.

Bajo el concepto de carrera profesional se integran unos importantes complementos salariales que perciben 70 mil trabajadores públicos de las islas, con especial incidencia en sanidad y educación, que en el caso de los médicos puede alcanzar un plus de unos mil euros mensuales.

Los recursos contra este plus para los funcionarios del Consell y ayuntamientos fueron personalizados en María Salom. Los obstáculos legales causaron un profundo malestar en el PP mallorquín, que se sumó a los partidos de izquierdas para enfrentarse a Madrid en la pugna legal.

Ante la beligerancia de los funcionarios y de los partidos de Balears contra los recursos, el cambio de opinión del Gobierno central no obedece a criterios jurídicos estrictos, sino de orden más político. En la misma línea, los críticos de las acciones judiciales habían esgrimido la tesis de que el Gobierno del PP se guiaba por motivos electorales, para contrarrestar la ventaja que el Govern de izquierdas obtenía al congraciarse con las capas funcionariales.