La Agencia Tributaria ha entregado al juez Enrique Morell, que instruye el llamado caso Contratos, una presunta trama de corrupción entre el Govern del Pacto y el exjefe de campaña de Més Jaume Garau, un voluminoso informe sobre las operaciones mercantiles cruzadas entre los acusados y las sociedades investigadas.
Por otro lado, el Partido Popular ha pedido al juez Morell ser tenido como acusación popular en el sumario contra Garau y los también exaltos cargos del Govern por Més Pere Muñoz, Ruth Mateu, Jaume Gomila y Josep Ramon Cerdà.
El nuevo informe de Hacienda ocupa unos 400 folios y en él se reseñan todas las operaciones superiores a los 3.000 euros efectuadas por los acusados y las sociedades que resultaron adjudicatarias de los contratos; otras que se presentaron a los negociados sin publicidad y no los ganaron y otras que hicieron trabajos para el Ejecutivo conectados con los realizados por Garau.
El informe de Hacienda se ha hecho a petición de la fiscal Laura Pellón, que quería averiguar qué relaciones económicas existían entre los protagonistas del caso para determinar si se confabularon para que fuera Garau el beneficiado de los contratos.
Por otro lado, la petición de personación del PP será analizada por el juez la semana que viene. Es probable que el instructor consulte a las partes sobre la conveniencia de esta personación, cuando la instrucción ya está muy avanzada.
Los acusados han negado que desde departamentos de las consellerias de Cultura y Turismo del Govern, regidos por cargos de Més, se diera un trato de favor al consultor Garau por haber sido el artífice del triunfo del partido en las últimas elecciones autonómicas. Los querellados han mantenido que los trabajos efectuados por Garau fueron útiles para las dos consellerias y han negado que los contratos se fraccionaran para poder asignárselos a dedo al exmodelo del partido ecosoberanista. Més ejerce la acusación popular en el caso Son Espases, que salpica al PP.
