Josep Lliteres, el antiguo dirigente de Unió Mallorquina, no tendrá que ingresar en prisión, a pesar del intento de la fiscalía Anticorrupción que exigió su entrada en la cárcel para cumplir una condena por un caso de corrupción. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha desestimado el recurso que planteó Anticorrupción contra una resolución de la misma Sala, que determinaba que el expolítico podía continuar disfrutando de la libertad. Los jueces dan la razón al abogado Miguel Ángel Cardell y rechazan los argumentos de la fiscalía.

Lliteres se confesó culpable en un proceso de corrupción, que versó sobre el uso del dinero público del Consell de Mallorca que se dedicó a la captación de votantes para Unió Mallorquina. Pocas fechas antes del juicio el antiguo dirigente político alcanzó un acuerdo con la fiscalía. Se confesaría culpable y aceptaría, además de una responsabilidad económica, una condena de dos años de prisión. El único requisito que exigió la fiscalía es que este ingreso fuera efectivo, es decir, que cumpliera los 24 meses en un centro penitenciario.

Sin embargo, el abogado defensor se dirigió al tribunal para plantear la posibilidad de que se aplicará una suspensión de la ejecución de la condena. El letrado propuso sustituir este ingreso con el pago de una sanción económica.

El tribunal analizó la situación personal del acusado. Valoró que Josep Lliteres había abandonado la actividad política y, por tanto, ya no tenía acceso a la administración del dinero público. Además, desde que fue condenado, ha venido cumpliendo religiosamente con el pago de la sanción económica que se le impuso en la sentencia.

Los jueces aceptaron sustituir la pena de prisión con el pago de una multa. Y también establecieron que dicha suspensión tendría una duración de cuatro años. Si en este periodo vuelve a delinquir, sí tendrá que cumplir esta condena en la prisión.

Lliteres para evitar la experiencia penitenciaria tiene que abonar una sanción económica de 30 euros al día, durante un periodo de 24 meses. Es decir, la sustitución económica asciende a un total de 21.600 euros, a lo que hay que sumar la sanción que también está pagando como consecuencia de la condena que dictó la Audiencia.