Josep de Luis, abogado de varios de los doce jóvenes de Arran imputados por tres delitos tras una protesta contra el turismo de masas, que tuvo lugar en julio del año pasado en el Moll de Sa Lonja de Palma, pedirá el archivo del caso tras las últimas declaraciones de dos imputados, que tuvieron lugar ayer mediante videoconferencia. De forma paralela, Arran organizará este verano una nueva campaña contra el turismo insostenible, que ayer tuvo su primer acto de protesta en el Park Güell de Barcelona.

Ayer prestaron declaración ante la jueza de instrucción 2 de Palma un chico y una chica, residentes ahora en Cataluña y a los que la Policía vincula con el grupo que exhibió pancartas, lanzó consignas y usó botes de humo y bengalas en un pantalán del Puerto y junto a la terraza de un restaurante repleto de turistas.

Los dos investigados aseguraron que no participaron en la concentración y uno de ellos añadió que se hallaba en Cataluña, como lo acreditaría un pago con su tarjeta de crédito en una gasolinera de esa Comunidad en la tarde de autos.

Al interrogatorio, como en anteriores ocasiones, no asistió ningún representante del ministerio fiscal. La causa contra los doce simpatizantes de la entidad soberanista catalana y feminista se abrió tras recibirse en el juzgado un atestado de la Brigada de Información de la Policía, donde se apuntaba la posible comisión de los delitos de desórdenes públicos, amenazas y daños al restaurante.

La mayoría de los encausados han negado su participación en la concentración y algunos aseguran que ese día estaban fuera de la isla o de Palma.

Sus defensas, entre las que también se encuentra Gloria Olmos, argumentarán para pedir el archivo que la Policía erró al identificar a la mayoría de los imputados y que con ocasión de la protesta ni se alteró el orden público, ni se amenazó a nadie, ni se causaron daños en el restaurante.

Tan solo uno de los jóvenes ha ratificado su presencia en el Moll de Sa Lonja, dado que fue identificado por la Policía al final del acto.

La Policía identificó a los imputados gracias al testimonio de personas que estaban en yates atracados en la zona y de empleados del restaurante. Este establecimiento tuvo que tirar a la basura comida y bebida que estaba en las mesas y que desechó por el humo y los confetis arrojados por los manifestantes. Sin embargo, no reclama nada a los mismos.

El futuro de la causa depende ahora de la fiscalía, a la que la jueza consultará sobre la procedencia o no del archivo.

El hecho de que no haya denunciantes ni perjudicados particulares es otro de los argumentos en favor del sobreseimiento del caso.