Un centenar de pequeñas productoras y autónomos que en su día trabajaron para TV-Mallorca (RTVM), la cadena del Consell cerrada por el PP, llevan siete años sin cobrar y les adeudan casi 1,5 millones de euros de trabajos realizados. El PP presidido por María Salom cerró la televisión, pero eligió el procedimiento del concurso de acreedores por la vía judicial y la institución insular no puede abonar la deuda, ya que los técnicos consideran que no es un ente que dependa del Consell.

Sin embargo, cada año el Consell de Mallorca tiene que poner unos 100.000 euros en su presupuesto para cubrir los gastos de TV-Mallorca mientras se resuelve el concurso de acreedores. "Hemos mirado por todos los medios de poder pagar a estas productoras, ya que sabemos que lo están pasando mal. Pero resulta que tenemos un informe de los servicios jurídicos que nos dice con toda claridad que si les abonamos la deuda estaremos cometiendo una prevaricación", aseveró el presidente del Consell, Miquel Ensenyat.

Xesc Mulet, responsable de la productora Perifàrica, y Jaume Rodríguez, de Tresques, indicaron que "solo pedimos al Consell que nos ayude a cobrar y una de las posibles soluciones sería que la institución insular comprara la deuda de TV-Mallorca para desbloquear el concurso de acreedores". No obstante, la situación es mucho más complicada, ya que en medio de todo el proceso está la compra de la antigua sede de Son Puig en tiempos de UM, donde una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), reclama 9,3 millones y es el acreedor principal.

El cierre de la televisión y la radio fue justificado por el PP como una medida de ahorro, al asumir el Consell una deuda acumulada de casi 21 millones para financiar la cadena, y desde el cese de las emisiones en 2011 diversas sentencias judiciales han marcado el proceso que debía llevar a la disolución efectiva de la sociedad mercantil en que fue constituida la radiotelevisión del Consell.

La principal fue la condena por el concurso de Son Puig que decretaba el embargo de RTVM por algo más de 12 millones a finales de 2011. Para eludir el embargo, el PP gobernando en el Consell metió a la sociedad en concurso de acreedores a comienzos de 2012. A todo ello hay que añadir varias sentencias posteriores e informes jurídicos que han dictaminado que RTVM y el Consell no están vinculados.

Mulet y Rodríguez no entienden cómo están en este callejón sin salida: "Para nosotros 70.000 euros son muy importantes y no puede ser que se dictamine que la cadena no tiene nada que ver con el Consell cuando su consejo de administración estaba integrado por los políticos del Consell y la institución insular cada año pone 100.000 euros en los presupuestos para el ente". "Nos sentimos del todo engañados", apostillan.