El futuro del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, de su antiguo socio Diego Torres y del expresidente balear, Jaume Matas, se decide hoy en Palma.

Relacionadas

La Audiencia de Palma citó ayer a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Jaume Matas, los principales condenados en el caso Nóos, para que comparezcan hoy ante el tribunal de la sección primera para entregarles el mandamiento de prisión.

La sala que condenó en un primer momento a los responsables del Instituto Nóos ha convocado a los tres acusados para que acudan al Palacio de Justicia de Palma entre las nueve de la mañana y las dos del mediodía.

Las magistradas mallorquinas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, recibieron ayer la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma en grandes líneas su resolución, salvo para Urdangarín, a quien le rebaja levemente la condena, y para Diego Torres, que reduce en casi tres años la pena inicial.

Las juezas, tras una breve reunión y tras leer el fallo del Alto Tribunal, decidieron el martes al mediodía citar a los tres principales acusados para que se personen en la Audiencia de Palma y hacerles entrega del mandamiento judicial que ordena su ingreso en prisión.

No obstante, su entrada en la cárcel no tiene por qué ser hoy mismo. Los condenados previsiblemente dispondrán de un plazo de varios días que fijará hoy la sala mallorquina para entrar en un centro penitenciario. Habitualmente, se concede un periodo medio de cinco a diez días, aunque también existe la posibilidad de que se decrete su inmediato ingreso en prisión.

En febrero de 2017, justo después de que la Audiencia de Palma dictara la primera sentencia por el caso Nóos, el tribunal de la sección primera rechazó la petición de la fiscalía de que Torres y Urdangarín entraran en la cárcel. En esa ocasión, el fallo aún no era firme y había que esperar a la resolución del Supremo.

Ahora, una vez confirmada la sentencia por el Alto Tribunal, en el plazo que les otorguen antes de ser encarcelados, el cuñado del Rey, su socio y el expresidente balear podrían realizar alegaciones para intentar evitar verse entre rejas. Podrían agarrarse a dos últimos clavos: pedir el indulto y la suspensión de la pena en tanto el Gobierno no se pronunciase (algo casi imposible) o recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y pedir a éste que dejara en suspenso la entrada en prisión. Esta última jugada la intentó hace poco el rapero mallorquín José Miguel Arenas, conocido por Valtonyc, pero no le salió bien.

La Fiscalía Anticorrupción no contempla que se les pueda suspender la condena porque no se cumplen los requisitos que establece la ley.

Durante el periodo que les concedan, los condenados podrán elegir a qué centro penitenciario quieren ir. En su decisión podría influir la cercanía con su familia o la posibilidad de tener un tratamiento más favorable. Entre las cárceles que han sonado por sus óptimas condiciones y reducidas dimensiones se encuentran la prisión de Menorca, la de Santa Cruz de la Palma (Canarias) o la de Brievas, en Ávila, que alojó durante diez años a Luis Roldán, pero en la actualidad el módulo de hombres está vacío. Otros centros penitenciarios que se han barajado son los de Badajoz, Nanclares de Oca (Álava), Estremera, Navalcarnero o Aranjuez.

En medios jurídicos ya se da por hecho el ingreso en prisión de Urdangarín, Torres y Matas, ya que todos ellos cuentan con penas superiores a dos años, lo que hace prácticamente imposible que les suspendan la condena. El cuñado del Rey, sentenciado a cinco años y diez meses, tiene una pena de dos años y tres meses por prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos; su antiguo socio del Instituto Nóos, una de tres años por los mismos hechos, así como el expresidente del Govern Balear.

Además, la Audiencia de Palma ya envió a este último a la cárcel con una condena firme del Supremo de solo nueve meses por otro caso de corrupción política. Las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Baleares normalmente se han decantado por el cumplimiento efectivo en prisión de las condenas por casos de corrupción política.