A la Infanta Cristina, la sentencia del Supremo le sale otra vez a devolver. El alto tribunal rebaja la cantidad a pagar por parte de la hermana del Rey de 265.088 euros a 136.950 euros. El tribunal mantiene la responsabilidad a titulo lucrativo de la Infanta por los delitos de malversación y de fraude a la administración, cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, pero anula su responsabilidad en los delitos fiscales por los que debía abonar 128.138 euros.

Pese a que la Infanta no había recurrido la cantidad a abonar en concepto de responsable a título lucrativo, el tribunal da la razón en este punto a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, al considerar que no existen precedentes de aplicar la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. La Sala establece que la responsabilidad civil solo abarca a los delitos de enriquecimiento: aquéllos que producen beneficios económicos, pero no delitos consistentes en un impago, como sería el caso del delito fiscal.

A Ana María Tejeiro, que había sido condenada a pagar también a título lucrativo 344.935 euros, la sala también le anula los 172.384 euros que debía pagar por responsabilidad civil por el delito contra Hacienda y finalmente deberá abonar sólo 172.550 euros.

La Audiencia Provincial de Palma Al haber abonado la exduquesa de Palma la cantidad solicitada inicialmente, la sentencia de la Audiencia ya supuso la devolución para la hermana del Rey de 322.000 euros. Ahora, el Supremo lo rebaja, así, en 128.000 euros más.

En este sentido, afirma que quien elude el pago de tributos "consigue retener lo que ya tenía" y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que "no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada".

Además, la Sala recuerda que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en responsabilidad civil nacida de delito, sino una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria.