Mallorca vive instalada en la excepción. El pinchazo de la gran burbuja inmobiliaria en toda España, durante los años más duros de la crisis económica tuvo al menos en la península una consecuencia positiva para mucha gente: los precios de las casas volvieron a niveles razonables, lo que permitió a muchos jóvenes acceder a su primera vivienda sin tener que firmar con sangre un pacto que les esclavizase a un banco de por vida. Pero no en las islas. Tras un corto, cortísimo periodo de tiempo en el que parecía que los precios de los inmuebles volverían a la cordura, llegó de nuevo la inflación promovida por el alquiler vacacional. Muchos mallorquines descubrieron que podían conseguir grandes rentabilidades alquilando por semanas a turistas el apartamento de la playa o la casa del pueblo. A este fenómeno se unieron de inmediato inversores de toda clase, autóctonos y foráneos. El sector inmobiliario se convirtió en el refugio más seguro y rentable para las grandes fortunas. Mientras tanto, los mallorquines de a pie se han visto cada vez más estrangulados por alquileres leoninos, y sin la menor posibilidad de comprar un lugar decente donde vivir.
Las cifras de la construcción son estupendas, y nada hay que alegar en contra. Se trata de un sector que crea trabajo y reparte riqueza. El problema surge al analizar hacia qué segmento de la población está dirigida toda esta obra nueva. Y de nuevo nos encontramos con el mismo fenómeno: residencias de lujo, en muchos casos concebidas como segunda residencia para veraneantes adinerados. O sea, que la gente normal nos vamos a quedar más o menos igual, atrapados en una burbuja perpetua que va camino de provocar una crisis social sin precedentes. ¿Y qué hacen mientras los políticos? Miran hacia otro lado y silban.
