El Govern del Pacto no ha tirado la toalla en su afán de recuperar los casi 2,7 millones de euros que Jaume Matas pagó a Iñaki Urdangarin, entre 2003 y 2007, por varios contratos que el Tribunal Supremo ha tildado de ilícitos, pero no ha querido anular. El Alto Tribunal en su sentencia dictada anteayer ha rechazado condenar a Iñaki Urdangarin y Diego Torresrechazado condenar a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, los dueños y gestores de la trama Nóos, a devolver al Govern los 2,7 millones y ha limitado esta reparación a algo menos de 619.000 euros.
María Ángeles Berrocal, a la que los magistrados del Supremo alaban por su técnica jurídica a la hora de plantear algunos motivos de casación o de oponerse a los recursos de los principales condenados, mantuvo en el juicio oral celebrado ante la Audiencia que todos los contratos entre la Administración autonómica y el conglomerado Nóos deberían declararse nulos porque su origen fue delictivo.
La nulidad se extendía a los convenios para los Illes Balears Fórum de 2005 y 2006 y los contratos que Urdangarin suscribió con la fundación pública Illesport y el Ibatur, que sumados ascendían a casi 2,7 millones.
Restitución del dinero
La acusación particular sostuvo que esos negocios eran fruto de delitos, entre ellos prevaricación, por lo que procedía su nulidad y la restitución de los fondos entregados a Nóos.
La Audiencia rechazó esa petición, pese estimar que el origen ilícito de aquellos contratos, que el Supremo afirma recibió Urdangarin tras aprovecharse de su privilegiada posición social como yerno del Rey y miembro de la Familia Real.
Las magistradas de la sección primera argumentaron que los seminarios sobre turismo y deporte y el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears por el Govern e el que intermedió el exduque de Palma, habían resultado positivos para desestacionalizar el turismo en Palma.
La Audiencia constató, en consecuencia, "la imposibilidad absoluta de retornar al estado de cosas anterior a la celebración de los contratos (obligar a Urdangarin y Torres a devolver los fondos)" y resolvió que la Comunidad Autónoma debería solo ser indemnizada por "las prestaciones convenidas (pactadas) ,y que habían quedado acreditadas no se habían ejecutado o a los servicios cuyo pago no correspondía a la administración".
Berrocal insistió en su petición de devolución total del dinero público ante el Tribunal Supremo, que ha desestimado incluir en su sentencia penal el mecanismo para restituir totalmente a las arcas públicas.
Normativa administrativa
El Supremo da la razón a la Abogacía de la Comunidad Autónoma respecto a que los contratos con Nóos que fueron fruto de la prevaricación cometida por Matas y los otros ex altos cargos de su Govern son nulos de acuerdo a la normativa administrativa.
El obstáculo que los magistrados de la sala Segunda del Supremo ponen a las pretensiones de la acusación particular es que la jurisdicción penal no es competente para resolver todas las consecuencias civiles derivadas de un delito. No obstante, el Alto Tribunal abre la puerta a que el Ejecutivo formule su petición de devolución total "en otro ámbito o haciendo uso de su facultad de autotutela".
Esta senda va a ser estudiada por la Abogacía del Govern para determinar si se demanda a Urdangarin y Torres por la vía contencioso-administrativa, o por otra jurisdicción, para conseguir la meta anhelada.
De momento, la Comunidad Autónoma ya ha recuperado en sus cuentas parte de los 619.000 establecidos como responsabilidad civil de Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, expresó ayer en Eivissa sus dudas de que llegue a producirse el retorno de los recursos públicos malversados dentro del caso Nóos, tal y como han solicitado desde el Ejecutivo.
"La Abogacía seguirá haciendo siempre el trabajo de manera diligente, pero la realidad es que la sentencia del Tribunal Supremo dice lo que dice", declaró .
Según E. Press, Armengol recordó que se trata de un caso de corrupción del PP, en este caso en Balears, condenándose al expresidente Matas tras una "época que fue durísima para las Islas" y "no hay que olvidar lo que sucedió" en Balears, ha dicho.
"Es una época durísima de la realidad social y política que se ha vivido", añadió Armengol, lanzando una "condena clarísima" hacia cualquier tipo de corrupción, tal y como siempre han hecho desde el Govern.
