Colegios concertados denuncian que la conselleria de Educación les insta a hacer contratos en fraude de ley. Uno de ellos ya ha recibido un toque por parte de Inspección de Trabajo y ha sido llevado a los tribunales por una profesora afectada. De momento, ha pagado ya 10.000 euros.
La problemática se da con los profesores que hace sustituciones de larga duración por enfermedad y también con aquellos sustitutos que cubren a profesoras de baja por maternidad (en este último caso, solo les afecta si son contratados después del 1 de mayo).
Educación ha recordado a los centros en sus últimas instrucciones (de abril) que en estos casos la Conselleria no asume los sueldos de los meses de julio y agosto de estos profesores en los casos antes citados.
Quitar el pago durante el verano a los profesores sustitutos de la concertada estaba en el decreto ley de medidas urgentes para contener el déficit que aprobó el Govern de José Ramón Bauzá en 2012. Y es de las pocas medidas desde ese decreto ley que sigue vigente, denuncian los centros, que aseguran sentir indefensión ante la posibilidad de que los profesores afectados reclamen.
Y es que ya hay un caso que les pone nerviosos:el del colegio Juan de la Cierva.
El caso del Juan de la Cierva
Su director, Marcelino Pradas, ha tenido que abonar ya 10.000 euros, cifra que aún puede subir. En marzo de 2016 contrató a una docente para cubrir a otra que pidió una baja por incapacidad por riesgo durante el embarazo; que a partir del 1 de junio pasó a baja por maternidad.
Esta profesora sustituta fue despedida el 30 de junio, dado que Educación no paga julio y agosto en estos casos, y el centro volvió a contratarla en septiembre.
En marzo de 2017 el colegio tuvo una visita de Inspección de Trabajo quien de oficio actuó y dio de alta a la profesora, obligando a cotizar dicho periodo con el 20% de recargo adicional, argumentado que no era correcto extinguir el contrato de esta trabajadora al no haber finalizado la baja por maternidad de la otra profesora.
En aquella actuación de oficio, Inspección se basó en una sentencia lograda por USO en el Tribunal Supremo que establece que los contratos a los sustitutos docentes de la concertada con reserva del puesto de trabajo se han de mantener vigente hasta la reincorporación de la profesora 'titular'.
Reclama cobrar julio y agosto
La trabajadora afectada reclamó las nóminas julio y agosto, dado que al haber sido dada de alta esos meses por Inspección, a ella le reclamaban que devolviera lo cobrado del paro (proceso que aún no se ha resultado).
El colegio, de momento, ha pagado alrededor de 10.000 euros, situación que han explicado a la conselleria de Educación, que no se hace responsable de esa cantidad y remite al decreto de 2012.
Pradas es secretario de la patronal concertada CECEIB e indica que cada vez más centros se encuentran con situaciones parecidas y que desde la Conselleria lo único que se les ha sugerido es introducir en el contrato una cláusula que deje claro que la relación contractual quedará en suspenso en julio y agosto.
Educación niega la sugerencia
Desde la Conselleria niegan que se les haya recomendado ni sugerido apostar por este tipo de contrato ya que eso es algo que corresponde a los centros y en lo que la administración "no entra".
Los colegios piden seguridad jurídica a Educación: que ponga "por escrito" exactamente qué deben hacer y abrir una mesa de negociación para acordar cómo podría articularse el pago del verano a los docentes que cubran bajas.
USO denuncia que es injusto que se permita que un docente que esté cubriendo una baja de larga duración por enfermedad, aunque sea por todo el curso y se prolongue al siguiente, se queda sin cobrar el verano, situación que ya han detectado en algunos colegios.
En un momento en que la conselleria de Educación ha articulado una fórmula con Hacienda para que los interinos de la pública que trabajen más de cinco meses y medio puedan cobrar julio y agosto, el sindicato recuerda que los contratos en la concertada no siguen el mismo régimen ni el mismo tipo de contrato que en el sistema público y que se podría negociar una manera de equiparar el pago del verano como a los de la pública.
