Jaume Matas ingresó ayer en prisión porque perdió unas elecciones. El PP se muestra tolerante con la corrupción, pero inflexible ante la derrota. El ministro de Aznar llegó por dos veces al Consolat, y también repite en la cárcel. Cada vez que se mencionan sus seis condenas por corrupción de momento, los interlocutores se enzarzan en una discusión ante la dificultad de fijar la contabilidad exacta.
La barahúnda de informaciones sobre el caso Infanta obliga a regresar a las cuestiones elementales. Se trata de un escándalo de corrupción del PP. Deslumbrados por el brillo de la realeza, la atención se centra exclusivamente en La Zarzuela. Sin embargo, el cántabro Revilla acaba de confesar que estuvo a punto de caer en las redes corruptas de Iñaki Urdangarin. Tampoco mordió el anzuelo Pasqual Maragall, sondeado en una cena con el entonces duque.
En cambio, los populares Matas y Francisco Camps cayeron de bruces ante las exigencias millonarias de los Borbón Urdangarin. Y aquí viene la explicación de que el primero haya desembocado en otra cárcel, mientras que su colega valenciano ni siquiera fue imputado. Tanto el presidente de la Generalitat levantina como Rita Barberá seguían en el poder. No habían cometido el crimen irredimible de una derrota electoral.
Conviene ahondar en este apartado. Matas ingresa en prisión a solas, se desmarca de los oros farallones del santoral corrupto de Nóos. Su aislamiento también simboliza su condición de maldito. Ha sido el único responsable del caso Infanta que no ha merecido ni la reducción de un átomo en su condena.
Por orden de importancia, Cristina de Borbón vio reducida su multa en el Supremo a la mitad, porque la Agencia Tributaria no sabe calcular impuestos. Urdangarin se benefició de un recorte de cinco meses, y el dicharachero Diego Torres con correos comprometedores para La Zarzuela recibió una rebaja de tres años.
Del cuarteto titular, solo Matas se ha quedado sin descuento. Podría deberse a la magistral ponderación de la Audiencia de Palma, pero en tal caso habría que explicar las otras correcciones. En su primer viaje al Supremo, el ministro de Aznar obtuvo un encogimiento de condena de seis años a nueve meses, cerca del récord mundial. No es de extrañar la crisis de la redactora de la sentencia inicial.
Dado que la asignación de penas no es matemática, la inmutabilidad de la condena del ministro de Aznar está tan ligada a su cuota de culpabilidad como a la mengua de su influencia. Los Borbón Urdangarin continúan siendo hermanos, cuñados, hijos y yernos de Reyes. El profesor Diego Torres amaga desde años atrás con su arsenal nuclear. Matas no tiene a nadie, cinco años atrás contaba con el auxilio de un rozagante Eduardo Zaplana, con perdón. A propósito, ¿cuántos ministros del aznarismo han de entrar en la cárcel para concluir que el PP regeneró España a golpes de corrupción?
En su peor momento, Matas se reencuentra con su enemiga número uno. También Maria Antònia Munar viajó a Madrid sin padrinos, y su condena más que justa no inspiró ni una pizca de conmiseración en el Supremo. En el caso de Can Domenge, y cuando la eterna presidenta de Mallorca quiso refugiarse en que el encargado de los asuntos urbanísticos era Miquel Nadal, el altísimo Tribunal le contradecía literalmente que a esas alturas ya no había lugar para sutilezas. Ella mandaba, y listos.
Si las pruebas aportadas hasta ahora sobre la relación entre Matas y el Supremo parecen insuficientes, cabe retrotraerse a principios de siglo, aprovechando que la cosecha de casos de corrupción del PP es inagotable. Por aquellas fechas, la fiscalía del Tribunal Superior instó en repetidas ocasiones al Supremo para que imputara al político mallorquín por los casos Bitel y Mapau. Todos los intentos, para que se actuara contra el primero ministro y después presidente autonómico, resultaron infructuosos. Pues bien, cualquier persona que interviniera como acusador, defensor o juzgador en los escándalos de espionaje político y de compra de votos con fondos públicos, atestiguará que las pruebas eran más abrumadoras que las recabadas con notable ahínco y éxito por la pareja hoy divorciada de Castro y Horrach. Todos los caídos son iguales ante la ley.
