Los terrenos que el Grupo Matutes tiene en Platja d'en Bossa podrán desarrollarse tal y como prevé la ley de Urbanismo, después de que el Pacto aprobara ayer una enmienda que únicamente matiza el cómo, sin que en ningún caso le arrebate la condición de urbano con la que fueron bendecidos mediante la polémica disposición transitoria, aprobada por el PSIB con los votos del PP.
La enmienda incluida ayer en la llamada ley Ómnibus, y que había sido presentada por Podemos como una compensación a los 'excesos' de la ley de Urbanismo, en realidad sólo impide a Matutes aumentar la edificabilidad en el caso de que consiguiera que la planificación municipal lo autorizase. Además, en los terrenos que quedan sin edificar, un 10% aproximadamente respecto de lo ya desarrollado, deberán respetarse de manera estricta las prescripciones del Plan parcial.
Esto significa, y así lo establece la enmienda, que todos los equipamientos públicos, aparcamientos, o viales que vengan previstos deberán ser respetados, y no se podrá entrar en ningún tipo de negociación con la autoridad municipal para trasladarlos de ubicación buscando un mayor aprovechamiento, algo que se suele dar en determinados pactos entre promotor y ayuntamiento.
Igualmente, el propietario de los terrenos no podrá cambiar los usos en toda la unidad de actuación, lo que supone que cada uno de los locales y edificios deberán respetar siempre la licencia que obtuvieron del ayuntamiento, y no se podrá dar cabida a otro tipo de actividades. Esta limitación tiene un matiz: siempre y cuando no sea en beneficio del interés público, un criterio que queda totalmente en manos municipales.
La 'enmienda Matutes', incluida en la ley Ómnibus a propuesta de Podemos fue aprobada con los votos del Pacto y la oposición del Partido Popular. La Mesa del Parlament tiene previsto analizar hoy el escrito presentado por el empresario hotelero ibicenco.
La llamada ley Ómnibus, que modifica una decena de leyes y autoriza al Govern a que refunde los textos de otras dieciocho normas, supone la cuarta modificación de la Ley de turismo impulsada por el Pacto. Con el nuevo redactado, en las comunidades de propietarios que autoricen el alquiler turístico en su edificio y después cambien de opinión, se permitirá que la actividad turística se deje de hacer "en el plazo máximo de un año" con el objetivo de "dar la garantía de poder cerrar la temporada", en palabras del diputado de Més y exconseller de Turismo, Biel Barceló. Asimismo, regula la posibilidad del alquiler turístico por sesenta días mientras no se aprueban los reglamentos por parte de los Consells.
La norma también modifica la ley de Función Pública para dotar de cobertura y seguridad jurídica la carrera profesional del personal funcionario, además de prever que los docentes interinos puedan cobrar los meses de verano.
