El portavoz parlamentario adjunto del PP, Juan Manuel Lafuente, acusó ayer a los partidos del Pacto de "elaborar leyes para perseguir a ciudadanos", en referencia a la enmienda de Podemos introducida en la Ley Ómnibus que el pleno del Parlament aprobará hoy para limitar las consecuencias de la disposición transitoria de la Ley de Urbanismo, aprobada en diciembre del pasado año con los votos de PP y PSIB, por la que se legalizaban terrenos del empresario Abel Matutes ya costruidos en Platja d'en Bossa, en Eivissa.
La enmienda de Podemos a la Ley Ómnibus que se aprobará hoy, con la que pretende que la legalización sólo afecte a la parte ya construida y dejar claro que Matutes no podrá edificar en el resto de la zona, ha contado en esta ocasión con el apoyo de PSIB, además del de Més, por lo que saldrá adelante con el respaldo del Pacto. Matutes reaccionó la pasada semana presentando un escrito en el Parlament por el que pide que se paralice esta Ley al entender que la enmienda se dirige exclusivamente contra él y amenaza con exigir indemnizaciones si se aprueba.
Podemos aprovechó la Ley Ómnibus, por la que se modifican varias normativas, para incluir la enmienda con el fin de reforzar el blindaje de estos espacios. Según declaró el partido el pasado mes de mayo, Matutes tiene la intención de construir "un complejo mayor en Platja d'en Bossa, conocido como Eivivegas", en unos terrenos "sobre los que había dudas sobre su legalidad".
Ayer, mientras que desde Més y Podemos criticaron el intento del empresario de que se retire la Ley, el popular Juan Manuel Lafuente se mostró de acuerdo con los argumentos de Matutes. Aunque el argumento oficial de los populares para votar hoy en contra de este asunto es que "afecta a la autonomía municipal", ya que son los ayuntamientos los que deciden los usos de los terrenos, consideró "gravísimo" elaborar leyes "para perseguir a ciudadanos", como a su juicio ocurre en este caso. "Hacer leyes para perseguir a ciudadanos igual es habitual en Venezuela, pero no es lo normal en un país democrático", afirmó el portavoz adjunto popular. quien añadió que PSIB y Més se han "vendido para que Podemos se quede tranquilo" apoyando esta enmienda.
"Urbanismo a la carta"
El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, insistió en que la enmienda aprobada en diciembre entre PP y PSIB suponía "urbanismo a la carta" para favorecer a Matutes y consideró necesario limitar las consecuencias de aquella medida. Jarabo consideró "muy excepcional" que una empresa o persona "intente frenar una iniciativa del Parlament por su cuenta", como ha hecho Matutes.
En el mismo sentido se expresó Joana Aina Campomar, de Més per Mallorca, quien criticó la "presión" de Matutes para intentar "influir al Parlament" y defendió la necesidad de "delimitar los usos en la zona y que no haya dudas de interpretación". Campomar declaró que "el señor Matutes ha dejado muy claro que la disposición transitoria 14 era para favorecer sus intereses" y que Més ya votó en contra de esta cuestión.
La socialista Maria José Camps afirmó que la enmienda de Podemos se refiere a terrenos que son "suelo rústico", por lo que el que se establezca por ley que no se podrá construir más en ellos "no da derecho compensatorio". Camps defendió que la disposición aprobada en diciembre por su partido y el PP suponía "reconocer una situación de hecho y darle cobertura legal" a lo ya construido. Ahora, se trata de que "aparte de lo que ya está, no se pueda hacer nada más y se matiza con esta enmienda por seguridad jurídica".
Así, la enmienda saldrá adelante con el respaldo del Pacto y el voto en contra del PP, mientras que El Pi y Ciudadanos prevén abstenerse. El portavoz de Cs, Xavier Pericay, afirmó ayer que esta "enmienda antimatutes" es para modificar la "enmienda promatutes" de la Ley de Urbanismo aprobada por PP y PSIB, por lo que los socialistas tendrán que explicar por qué ahora apoyan la iniciativa de Podemos.
La Ley Ómnibus que se aprobará hoy en el Parlament modifica diez leyes y refunde otras dieciocho. Además de esta enmienda, se modifica la Ley de la Función Pública para dar cobertura a la carrera profesional de los funcionarios, incluidos los del Consell y Cort, después de que María Salom, delegada del Gobierno de Mariano Rajoy, la recurriera. Otros asuntos que contempla es la modificación de la Ley de Turismo para introducir transitoriamente una regulación de mínimos para la modalidad de alquiler de 60 días de la vivienda habitual.
Además de esta Ley, el pleno aprobará la toma en consideración de la Ley de Caminos presentada por el Consell de Mallorca con el apoyo del Pacto, ante la cual la oposición critica que contemple la posibilidad de expropiar terrenos para crear nuevas rutas senderistas.
Además, en las preguntas de control al Govern, la presidenta Francina Armengol deberá responder a cuestiones centradas en las reivindicaciones que planteará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
