Castro se convirtió en un personaje nacional cuando decidió llamar a declarar a la infanta Cristina como imputada por la trama Nóos. Se enfrentó a todos los poderes del Estado que salieron en defensa de la Infanta. Sin embargo, ni una sola presión ha tenido jamás efecto alguno en la personalidad del juez. Siempre ha hecho lo que le ha marcado su conciencia, pasara lo que pasara

Cierto es que Castro se ha hecho popularmente conocido por su decisión de sentar en el banquillo a la infanta Cristina, aunque ello motivara una crisis, inédita hasta entonces, en la institución más importante del país, como es la monarquía. Pero antes del caso Nóos hubo otros casos, distintos entre ellos pero con un denominador común: los instruía un juez valiente y atrevido, con la energía suficiente para llegar hasta el fondo del tema, aunque no siempre lo ha conseguido.

Pocos se acuerdan que Castro fue el juez que investigó el primer caso de corrupción. Se trataba del caso Son Dureta. La fiscalía denunciaba el desvío de fondos públicos a través de la gestión del hospital. Estamos hablando de principios de los años 90. El hospital público, en vez de realizar compras como un edificio único, lo hacía por plantas. Ello disparaba los costes. Eran otros tiempos con menos medios y mucha menos experiencia de investigación. Y ello, en parte, impidió llegar al fondo del tema pero, sobre todo, no pudo sentar en el banquillo a los responsables de esta gestión. El juez lo único que pudo hacer es criticar con dureza al Insalud porque ni siquiera se había preocupado por saber qué había pasado.

Caso Calvià

Caso CalviàPoco tiempo después, en el año 1992, a Castro le cayó por reparto una investigación por un caso realmente grave. Se trataba del conocido caso Calvià. Un concejal del PSOE denunció que le habían intentado sobornar. Eran los tiempos de Nájera y al edil Campos le ofrecieron 100 millones de pesetas para que traicionara a su partido y se pasara a la oposición. Ello hubiera permitido al PP acceder al poder. El concejal citó tres nombres: el abogado Miguel Deyà, el empresario Guillem Ginard y el farmacéutico Andreu Bordoy. Los tres fueron condenados, pero se sabía que eran simples peones que fueron utilizados por alguien más poderoso. Castro estaba convencido de que el entonces president, Gabriel Cañellas, estaba detrás de la operación y por ello elevó el caso al TSJB. A los pocos meses se lo devolvieron al no encontrar pruebas contra Cañellas. Años después se inició la segunda fase del caso. Uno de los condenados, Andreu Bordoy, al comprobar que iba a perder su patrimonio para pagar la multa, tiró de la manta y apuntó al que era líder del PP de Calvià, Eduardo Vellibre. Hubo un segundo juicio, pero se celebró demasiado tarde porque el caso ya habría prescrito.

Otro asunto relevante fue el caso Martín Ferriol, que se remonta también al año 1992. Este asesor de fortunas fue denunciado por una estafa millonaria cometida sobre un miembro de la familia real de Kuwait. Se le acusó de estafar doce millones de euros a este cliente. Durante años fue el administrador y apoderado de todas las inversiones y propiedades que este emir real realizaba en Mallorca. El también cónsul de Ecuador en Mallorca fue detenido y declaró ante el juez, que erróneamente lo dejó en libertad. Y Martín Ferriol lo aprovechó para huir. Se escondió en Londres. En esa época apenas se hablaba de extradiciones y el juez Castro tuvo que aprender sobre relaciones internacionales. Su objetivo se consiguió: se localizó al fugado y se le trasladó a España. El inversor pasó varios meses en prisión. Nunca fue juzgado. Murió, por causas naturales, cuando todavía ni siquiera había terminado la investigación. Se desmayó cuando conducía su vehículo particular cerca del cementerio de Palma. El caso tuvo que cerrarse.

Caso estatuas

Años más tarde sobre la mesa del juez Castro llegó otro asunto turbio. Un artista denunciaba que desde las instituciones había una especie de trama para favorecer a los autores que eran amigos de los políticos en perjuicio de otros. Apuntó un detalle relevante. Las estatuas que se colocaban en las rotondas de Mallorca eran siempre de los mismos artistas. El juez estuvo investigando el caso, pero tampoco pudo llegar muy lejos. Tenía sospechas, eso sí, pero no eran lo suficientemente sólidas para sentar a los políticos implicados en el banquillo. Y eso le obligó a cerrar el caso.Robo en Son Banya

A principios del año 2006 se denunció un robo millonario al clan de la Paca, en Son Banya. Un individuo que trabajaba para el clan había localizado el escondite del dinero y se lo había llevado. Era un toxicómano, que huyó con su novia. Los integrantes del clan pensaron que los autores del robo habían sido unos paraguayos que habían construido el zulo del dinero. A uno de ellos lo torturaron para que desvelara el escondite del dinero, pero nada sabía del robo. La investigación del caso la asumió el Grupo de Atracos de la Policía, con el inspector Gómez al frente. Lo que Castro no sabía es que el policía que le facilitaba toda la información ejercía un doble juego: al tiempo que investigaba el caso, estaba extorsionando a la Paca, que además había sido su confidente. El inspector utilizó a su novia abogada como teórica defensora de los dos paraguayos para convencer a la matriarca de Son Banya que era mejor que pagara el dinero para evitar ir a la cárcel. La Guapi, la hija de la Paca, grabó una conversación que evidenciaba la extorsión. Cuando el juez Castro escuchó esta grabación se le giró el estómago. Con el inspector Gómez y con su novia tenía el juez una relación más allá de lo profesional. Eran amigos, mejor dicho, muy amigos. El propio magistrado reconoce que ha sido la decepción más grande que ha tenido en toda su carrera profesional. El inspector Gómez terminó en la cárcel y su novia también. La corrupción también había golpeado a la Policía.

Palma Arena

En tiempos de plena lucha contra la corrupción al juez Castro volvió a tocarle por sorteo un caso que ha marcado su carrera. Es el caso Palma Arena, un velódromo, cuya construcción había costado más del doble del presupuesto y, aun así, era un desastre de obra. Era el fiel reflejo de lo que había representado la etapa política de despilfarro que había dirigido el president Matas. Y fue a partir del velódromo donde fueron apareciendo nuevas investigaciones que ni el más optimista de los investigadores hubiera sospechado jamás.Apuntó a Matas

El nombre de Matas apareció al tiempo que se investigaba el caso Palma Arena. La fiscalía Anticorrupción ya había estado investigando al expresident, que había huido a Washington tras perder el poder político. Su sospechoso aumento de patrimonio justificaba estas primeras gestiones. Pero en Madrid no lo interpretaron así. Desde allí se frenó la investigación. El juez reclamó todos los datos que había ido acumulando la fiscalía y así se supo, por ejemplo, que el ritmo de vida que llevaba Matas poco o nada coincidía con su nivel de ingresos. Castro obligó a Matas a dar por terminada su aventura por EE UU. Le impuso una fianza de tres millones de euros.Caso Nóos

Es el caso que ha marcado la carrera del juez. Empezó de la mano del fiscal Horrach, pero a mitad de camino se fueron separando. Ambos tenían muy claro desde el principio que Iñaki Urdangarin había organizado un montaje para asaltar el dinero público gracias a su condición de yerno del Rey. Lo que les separó fue la interpretación del papel de la Infanta. Pero el juez lo tuvo muy claro y, dando muestras de su valentía, consiguió sentarla en el banquillo.

Estos son los casos más mediáticos, pero por la mesa de Castro han pasado miles de expedientes, de delincuencia habitual, de la que suele resolver el juez.