Un juzgado de Palma ha imputado a varios padres por un posible fraude durante el proceso de escolarización para lograr plaza en el colegio Sant Francesc para el curso 2013-2014.

Una familia denunció irregularidades con los certificados médicos presentados por otros progenitores para acreditar enfermedades crónicas que suponen un extra de puntuación para lograr plaza en los colegios. Ahora, tras tomar declaración a médicos y familias, el juez ha decidido dar un paso más y llamar a los padres a declarar como imputados. La acusación particular pide también la imputación de once médicos.

Esta es la última novedad de la batalla iniciada por Manel Forteza-Rey hace ya cinco años, cuando su hija quedó excluida de las listas, a pesar de tener una puntuación elevada. El hecho le llamó la atención y, tras mucho pelear para poder consultar el expediente, le sorprendió que 17 de los menores que sí habían logrado plaza tenían puntos por tener una enfermedad crónica.

A este padre le pareció una proporción excesiva de niños enfermos y, de los datos que pudo consultar, también se sorprendió al ver que había un certificado firmado por una ginecóloga y otros dos por una médica de cirugía estética.

Además averiguó que a tres niños se les había dado puntuación por enfermedades que no estaban en el listado de Educación (como asma o intolerancia a la proteína de la leche). Otros padres aseguraron que sus hijos eran celíacos (casi una decena así lo indicó); sufrían artritis reumatoide juvenil o una enfermedad cardíaca; dolencias que sí reconoce Educación.

El denunciante también vio que había padres que habían declarado trabajar en empresas cercanas al centro (algo que también puntúa) y luego él, haciendo de "detective", comprobó que no era así.

Tras las quejas presentadas por este padre, Educación revisó el proceso y admitió que había seis niños a los que se les había baremado mal, pero como su hija igualmente quedaba fuera y los otros padres que podrían haber entrado no habían reclamado en su momento, todo quedaba igual.

Forteza-Rey acudió a los tribunales. Y aunque se dictaminó el archivo de la causa, en mayo de 2016 la Audiencia reabrió el caso. El tribunal ha tomado una primera declaración a varios facultativos quienes, según relata este progenitor, han confirmado que los certificados son suyos pero han señalado que no hicieron ninguna prueba para diagnosticar las enfermedades acreditadas.

Otros indicaron que habían firmado el certificado basándose en el informe de otro médico, "algo que no puede hacerse según la propia organización colegial", apunta Forteza-Rey, quien señala que los tutores de los alumnos también han pasado por los juzgados y han declarado que ninguno de los padres les informó de que esos niños tenían alguna enfermedad o alergia de la que tuvieran que estar pendiente, como suele hacerse en la primera reunión el curso. Ninguno de ellos lo señaló tampoco en el cuestionario que hacen precisamente para tener localizados estos casos y evitar situaciones de riesgo.

Su abogado solicitó también que se reclamara información a la Seguridad Social sobre el domicilio laboral de varios padres, al sospechar que no trabajaban donde habían dicho para ganar puntos por proximidad. "Cinco no trabajaban donde dijeron; dos empresas no contestaron y el jefe de otra empresa dijo que sí, que esa persona trabajaba ahí, pero que no reconocía la firma del certificado que se había presentado", apunta Forteza-Rey.

"Es un delito de falsedad documental y hay funcionarios de la conselleria de Educación que lo saben y no lo han denunciado cuando es su obligación legal, también han cometido un delito", lamenta este padre, que "también pide responsabilidades legales" a la Conselleria y recuerda que tanto la presidenta Armengol, como el conseller Martí March y el director general Antoni Morante conocen el caso.

Aclara que su hija está escolarizada en otro centro educativo y no es una plaza en Sant Francesc lo que quiere, sino justicia y transparencia. Es por principios.