La sala de lo contencioso-admininistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la suspensión de nuevas licencias para grandes superficies comerciales dictada por el Consell de Mallorca, el pasado 22 de diciembre, y para no restar eficacia al futuro Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA), que se aprobó inicialmente ese día.
La suspensión cautelar de licencias fue recurrida ante el TSJB por Unibail Rodamco Palma, la promotora del centro comercial de Ses Fontanelles en Palma, que desde hace años mantiene una lucha legal para llevar a cabo su proyecto.
La empresa presentó un recurso contra la aprobación inicial del PECMA y la suspensión de licencias y pidió que esa paralización temporal fuera levantada.
Los magistrados desestiman la solicitud, sin entrar en el fondo del asunto, y argumentan que no se aprecian en este supuesto las causas legales para paralizar una disposición emanada de una Administración y que el interés público requiere que esa suspensión siga en vigor.
Según informó el Consell de Mallorca, la suspensión de licencias entró en vigor desde que se publicó en el boletín autonómico (BOIB) el acuerdo del pleno aprobando el PECMA. La moratoria tendrá una vigencia máxima de dos años desde esa fecha.
De acuerdo con el Consell, actualmente solo se permiten equipamientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados en tres zonas de la isla clasificadas como 1,2 y 3; mientras que en las áreas 4 y 5 el límite de gran superficie se sitúa en 700 metros cuadrados.
La institución insular recuerda, que en todo caso, es obligatorio si se pide una licencia la presentación de un estudio de implantación comercial.
Poner orden
Según afirmó en diciembre la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, el PECMA pretendía "poner orden en el gran desorden territorial y urbanístico que hay en este suelo" en cuanto al sector comercial.
Garrido también aseguró que se trataba de una plan "con medidas territoriales y medioambientales muy potentes, valientes y pioneras en todo el Estado con el objetivo de proteger un territorio frágil".
Además, se implantarán medidas para promover la sostenibilidad, la protección del territorio, del medio ambiente y de los consumidores, añadió Garrido.
En concreto, los equipamientos comerciales deberán analizar todas las externalidades y los posibles impactos que pueda producir la implantación de un equipamiento comercial nuevo.
El Plan definía como equipamiento comercial aquellos superiores a 700 metros cuadrados, o de 400 en los núcleos de población más pequeños.
En el Pleno de la institución insular también se aprobó el nuevo régimen de suspensión de licencias, que ahora el TSJB ha decidido mantener en vigor en tanto se resuelve el recurso de la promotora de Ses Fontanelles.
