Ocho meses de cárcel le va a costar al empresario Bartolomé Cursach guardar, durante años, una carabina cargada bajo la cama de su dormitorio principal. Un arma que, además, entró ilegalmente en España, como demuestra que el empresario, además de no tener licencia, tampoco disponía de documento alguno que pudiera certificar la procedencia de este Winchester.

Esta primera condena contra Cursach es consecuencia del registro que se realizó el día 28 de febrero del pasado año, tras la entrada en su domicilio de Puntiró que coincidió con su detención, acusado de graves delitos. La Policía entró, con autorización del juez Penalva, en los diferentes domicilios particulares y sedes de empresas de Cursach. Y en su casa, bajo la cama del dormitorio principal, se encontró esta carabina. Antes de hallarse el arma, los investigadores localizaron la munición. En concreto, en un cajón de un mueble del dormitorio se hallaron varias cajas de balas. Guardaba casi un centenar de cartuchos.

Ante este hallazgo, la Policía le preguntó al empresario si guardaba algún arma. Cursach señaló que tenía una escopeta debajo de su cama, pero ni siquiera sabía desde cuándo estaba allí escondida, dado que no era usuario de armas. El arma hallada en este domicilio fue fabricada en EE UU. La carabina no estaba inscrita en el registro de armas de la Guardia Civil y, por tanto, no se ha podido aclarar si la introdujo en España el empresario o fue otra persona. El Winchester, según constató la Guardia Civil, se encontraba en perfecto estado de funcionamiento.

El empresario, en su defensa, señaló que el arma no era suya. Pertenecía a un amigo, ya fallecido, al que había dejado un espacio de su casa para cazar. Y, al morir, su familia recogió sus pertenencias, pero dejó el arma. En ese momento, según su declaración, la escondió bajo la cama, pero nunca la utilizó.

Aunque el empresario insistió muchas veces que nunca utilizó armas, su abogado Enrique Molina utilizó una licencia ya caducada que Cursach obtuvo en el año 1982 para contrarrestar la acusación de la fiscalía. Cursach declaró que se sacó esa licencia por consejo de un grupo de amigos cazadores, con los que solía reunirse con frecuencia, pero que ello no demostraba que fuera usuario habitual de armas. De hecho, se definió como "animalista" para demostrar que era incapaz de manejar un arma de fuego.

El juez Eduardo Calderón condena al empresario a una pena inferior a la que reclamaba el fiscal Miguel Ángel Subirán, que pedía la agravante por la circunstancia de que la carabina se había introducido ilegalmente en España. Esta entrada, señala el juez, no se le puede atribuir al acusado, pues no se ha demostrado si conocía que la carabina se introdujo ilegalmente en España.

El juez desmonta los dos argumentos que defendió el abogado Enrique Molina para oponerse a la condena. En primer lugar, el abogado señaló que, si bien la licencia de su cliente estaba caducada, no se le podía acusar de un delito de tenencia ilícita de armas. Tras profundizar en las numerosas modificaciones legislativas que se han aplicado en materia de tenencia de armas, el juez llega a la conclusión de que la licencia que obtuvo Cursach en el año 1982 no le autorizaba a disponer del tipo de armas que se halló bajo la cama de su dormitorio.

El otro argumento de defensa es que Cursach facilitó el hallazgo del arma cuando no estaba presente su abogado y cuando el auto de entrada y registro no autorizaba esta intervención. El juez, de nuevo, rechaza este argumento y señala que, aunque Cursach no hubiera indicado el escondite, el arma se habría encontrado.