Carlos Hernández, abogado de la exvendedora de cupones de Algaida que demandó a la aseguradora de su banco por engañarla en la cobertura de una póliza de vida, remitió, antes de la sentencia, al Congreso de los Diputados un escrito pidiendo amparo legal para los derechos de los invidentes.
El letrado señaló que en 2008 existían en España casi un millón de ciudadanos con discapacidad visual severa, de los que cerca de 700.000 no podían, como su clienta en el año de suscribir la póliza, leer un contrato.
Hernández postuló que deben reformarse el Código Civil y la Ley del Contrato para que las personas invidentes tengan acceso a los contratos en soporte audio o braille para que puedan enterarse, como el resto de ciudadanos, de las condiciones.
La idea es que "jamás una persona invidente tenga que firmar un contrato sin la certeza de saber qué es lo que está firmando", como le pasó a su clienta en la sucursal bancaria de Algaida.
